Pedagogía y políticos

Cuando se hace pública la penúltima barrabasada de algún gobierno (nacional, autonómico, municipal), una salida habitual del político de turno es reconocer que, en ese asunto concreto, "les ha faltado pedagogía". Normalmente, queda claro que lo que les falta no es pedagogía, sino vergüenza; no obstante, creo que la confusión permite alguna que otra reflexión interesante.

Un político no tiene por qué enseñarnos nada: lo que debe hacer es rendir cuentas. Que un político nos enseñase algo sería un admirable plus añadido a su labor; pero rendir cuentas y explicar adecuadamente su quehacer es su obligación. Al hablarnos de pedagogía, presenta como optativo lo que es de obligado cumplimiento (su parte del contrato suscrito con sus conciudadanos en la urnas), es decir, trata de hacernos trampa.

Este "político pedagogo" no llega ni a plantearse la corrección de sus propios actos, sino que se lamenta de no habernos colado su versión de los hechos. La verdad queda así supeditada a la intrepretación –normalmente torticera– de los mismos. Esta artimañana recibe últimamente nombres rimbombantes, como "postverdad" o "relato". 

Todos sabemos que la verdad  –al menos la de las cosas humanas– no es unívoca ni absoluta, todos hemos oído hablar del principio de incertidumbre de Heisemberg (aunque no sé si lo entendemos bien), todos hemos leído alguna que otra sesuda reflexión epistemológica... Pero aquí no estamos haciendo física cuántica, ni tratamos de discernir enrevesadas cuestiones históricas o sociales: se trata de justificar un gasto indebido, una acción incoherente, una decisión sospechosa, etc.

¿Quiere un político enseñar algo a la gente? Explíqueles, y muéstreselo con su ejemplo, una doble distinción, del todo evidente, pero que sus colegas y amiguetes se han encargado de dinamitar, a saber:

1. Hay que distinguir entre los hechos y las interpretaciones de dichos esos.  Y entre éstas y las opiniones.

2. No todos los hechos son igualmente ciertos, sino que se ordenan en un continuum de certidumbre, con infinitos grados intermedios. Por ejemplo: una inscripción romana bien conservada es un dato muy cierto, puesto que su lectura es prácticamente unívoca; sin embargo una inscripción en alfabeto ibérico es mucho más incierta, puesto que no estamos seguros de saber leer correctamente esos caracteres, y caben por tanto diferentes interpretaciones.

Los historiadores viven enredados en estas cuestiones y aceptan que la historia no es única. El problema suele ser que tanto la elección de los hechos analizados (es imposible que un historiador pueda manejarlos todos) como su jerarquización (en un doble eje de certidumbre e importancia) dependen, en un grado mayor del deseable, del bagaje teórico e ideológico del historiador en cuestión. Cuando esta dependencia parece excesivamente grande, cabe incluso sospechar de la honradez del historiador. Pues bien, todo esto se traslada, corregido y aumentado, al ámbito de la cosa pública, donde los políticos –y sus periodistas palmeros– ni pueden ni quieren manejar datos, sino sólo "ganar la batalla del relato". La llamada "memoria histórica" es un buen ejemplo de este proceder tramposo por parte de casi todos. Y lo lamentabilísimo, una vez más, no es tanto que pretendan engañarnos, sino la suma facilidad con la que lo consiguen. Y así, mientras nos entretenemos con los "relatos", no prestamos atención cuando malgastan nuestro dinero o, directamente, se lo reparten.

Animales defectuosos

Nuestra tradición cultural nos ha hecho ver al ser humano como el final de la creación: nos miramos al espejo y vemos una obra acabada. Me temo que la realidad es otra. Somos un balbuceo de la evolución, un borrador apresurado y chapucero, con algunas soluciones ingeniosas, desde luego, pero con muchos problemas de diseño y funcionamiento por resolver. Hay una serie de cuestiones básicas (el cuidado de las crías, las relaciones entre los individuos y los grupos, la organización de la sociedad, el bienestar, el trabajo, el poder, etc.) que estamos tan lejos de solucionar hoy como ayer. Nuestros 300.000 años como especie (a los que podríamos sumar otros muchos miles de evolución homínida anterior) no nos han servido aún para dar respuesta a ninguno de estos desafíos.

No sé qué conclusión podríamos sacar de lo anterior, salvo ésta: paciencia. Va a ser imposible que nadie solucione nada; ninguno de los problemas de verdad importantes del ser humano se va a resolver en nuestra vida, ni en la de nuestros más próximos descencientes. Con algo de suerte, podríamos notar alguna mejora de calado dentro de unos cuantos miles de años. Y esa mejora no será social, ni cultural (que también), sino evolutiva. Si es que aún continuamos existiendo como especie, claro está (de ahí lo de la suerte).

De lo anterior cabe extraer una segunda conclusión: desconfiad de los cambios exteriores y más o menos rápidos. No debemos cambiar el mundo, sino a nosotros mismos. No tenemos que hacer un mundo mejor, tenemos que hacernos mejores a nosotros mismos. Pero, por supuesto, sólo mejoramos hacia afuera, es decir, haciendo mejor todo lo que nos rodea.

¿Cómo debe organizarse el mundo, cómo deben unos padres organizar su vida, cómo debemos educar a nuestros niños, cómo nos repartimos los recursos, etc.? Debemos tener claro que no existe una respuesta satisfactoria a ninguna de estas preguntas. Si alguien afirma que tiene las respuestas, hay que huir de él porque es un tipo peligroso, por bobo o –más probablemente– por canalla. 

He aquí por qué desconfío tanto de las ideologías, que tan correctas parecen en un papel y que tan dolorosamente acaban casi siempre. Da auténtico pavor la despreocupación con la que volvemos hoy día a corretear por aquellos mismos peligrosísimos acantilados a los que nos llevaron hace bien poco algunas de esas grandes teorías del siglo pasado. 

Otro buen ejemplo de mi descreimiento es el movimiento feminista: ¿de verdad se cree alguien que en unas pocas décadas vamos a encontrar la manera perfecta de convivir hombres y mujeres, cuando no hemos sido capaz de conseguirlo en 300.000 años? (Ojo: con esto no estoy diciendo que los pasos dados por el feminismo sean malos, ni que no se deban seguir dando más; digo que hay que ponerlos en su justa perspectiva... que no es precisamente de género.) 

Podríamos acumular los ejemplos. Aquí va el último: entre un candidato político que me prometiera la solución a mis principales problemas y otro que se comprometiera a cumplir la ley y administrar mi dinero con prudencia, yo daría inmediatamente mi voto al segundo.

Hacer América grande de nuevo, devolver su grandeza a la Madre Rusia, recuperar la esencia de España, o de Europa... Nuevos desvaríos, o, mejor dicho, los mismos desvaríos de siempre, redivivos una y otra vez por estos animales defectuosos que somos. He citado algunos ejemplos evidentes, pero cosas parecidas suceden en todas partes; también, desde luego, frente a nuestras mismísimas narices. Tal vez el problema no sea que tengamos defectos, sino que no nos damos cuenta.

Los escándalos políticos y la política escandalosa

Me ha llamado la atención la escandalera que se ha montado con el acuerdo del PSN para apoyar la moción de censura de EH Bildu en el ayuntamiento de Pamplona. Desde luego, es llamativo el cambio de opinión producido en las filas socialistas: hace unas pocas semanas aseguraban solemnemente que jamás llegarían a ningún acuerdo con ese partido, y ahora anuncian un acuerdo que parece incluso favorecer más a dicho partido que a ellos mismos. Llueve sobre mojado, además, porque hechos semejantes se han producido también en la reciente formación del gobierno de la nación.

No sé si conozco algún político capaz de salir indemne de una confrontación con su propia hemeroteca, pero hay que reconocer que Don Pedro es un auténtico campeón olímpico en la disciplina de Donde dije digo digo Diego. (¿Podría llegar a ganar la medalla de oro de la modalidad? No lo sé, me niego a pensar en estos asuntos con los mismos parámetros que se aplican al deporte o a los concursos de belleza.)

Para todos los escandalizados, lo escandaloso del cambio ha sido el acuerdo de hoy, no la declaración de intenciones de ayer. Para mí, la cosa es exactamente al revés: lo escandaloso no es que un partido acuerde algo con otro, sino que declare de antemano que jamás estará de acuerdo con él.

Es inevitable que un partido –como un persona– guste más a unos que a otros; incluso se entiende que pueda resultar detestable para alguien. Una persona particular puede rehuir todo contacto con otra a quien aborrezca; un partido político, no. Los ciudadanos les han encargado la tarea de ponerse de acuerdo, y a ella se deben. Por supuesto, puede darse el caso de que, por mucho que lo intenten, no lleguen a acordar nada; pero es inaceptable que renuncien a ello de antemano, enarbolando no se sabe muy bien qué principios morales o políticos. La democracia no consiste en tener razón, sino en acordar  entre todos las reglas que nos obligamos a cumplir.

Esta facilidad política de rasgarse las vestiduras es, además, unidireccional: el PP se escandaliza de que el PSOE acuerde algo con EH Bildu, porque con esos no se debe acordar nada, mientras que el PSOE se escandaliza de los acuerdos del PP con VOX, por la misma exacta razón. Está claro que los principios deben defenderse (aunque para eso, primero, haya que tenerlos), pero, si impiden la convivencia, tal vez deban ser revisados.

Hay en esta historia otro aspecto que me parece destacable y que sucede, además, en todos las cámaras legislativas del país. El acuerdo pamplonés ya ha sido anunciado, defendido y atacado convenientemente por todos; el debate político ya se ha desarrollado ante los medios de comunicación, de modo que lo que suceda en el pleno municipal es redundante e irrelevante, puesto que todo el pescado está vendido de antemano. Es comprensible, e incluso deseable, que las cosas se vayan tratando y preparando antes de llegar al pleno, pero me parece muy peligrosa esta manera de vaciarlo de contenido.

Con estos procedimientos, el parlamento se convierte en un trámite vacío, donde no se debate ningún asunto, sino que se escenifica una discusión, como si la cámara fuera una extensión de un plató televisivo. De esta manera, el pleno legislativo se convierte en una suerte de toreo de salón, inútil y agotador, donde unos y otros simulan debatir, pero sólo riñen, tratando no de llegar a ningún acuerdo, sino de conseguir simpatías y adhesiones, con la esperanza de que se conviertan, llegado el momento, en votos.

Y luego está lo más grave de todo: que nosotros asistimos a este penoso espectáculo y, en lugar de escandalizarnos, nos parece bien.

Empecinados en lo irrelevante

Al publicar mi último texto, me quedé, una vez más, con la sensación de que no me había sabido explicar del todo bien. Confío en que no parezca que he perdido definitivamente el juicio si, para tratar de enmendarme, comienzo contando un cuento (que adapto de El chapuzas, una historieta de Goofy que leía de niño en la fantástica colección de Dumbo). Vamos allá:

Un hombre tiene un coche que últimamente funciona cada vez peor. Mete mucho ruido, ha perdido potencia, a veces el motor da unos empujones raros... El hombre, preocupado, lo lleva a un taller. Al de un par de días, el mecánico le llama y le dice que puede pasar a recogerlo porque ya está arreglado. Nuestro hombre va a buscar su coche y se lo encuentra reluciente.

— El coche estaba sucísimo –le explica el mecánico–, así que lo hemos tenido que lavar entero, por fuera y por dentro. También hemos tenido que pulir los tapacubos y cambiar la alfombrilla de los pedales. En total, aquí tiene la factura –y le pasa el papel.

— No me lo puedo creer  –exclama nuestro hombre–, ¿eso es todo lo que has hecho? ¿Ni has mirado el motor? Yo no he traído el coche para que me lo limpies, sino para que me lo arregles. Y lo único que has hecho es enredar en tonterías.

— ¿Pero es que no está mejor ahora que antes? –pregunta el mecánico, más bien ofendido.

— Lo que has arreglado son unos detalles sin ninguna importancia que me traían sin cuidado –le responde el hombre–, el coche sigue estando igual de mal que cuando lo traje. Ahora tendré que llevarlo a un taller de verdad. Y, por supuesto, no pienso pagarte esta factura.

Ya está, éste es el cuento. En esta versión, el descerebrado es el mecánico; pero también podríamos haberlo contado al revés: un hombre que lleva su coche a pintar cuando el motor se está cayendo a pedazos.

Con todos los detalles y los pormenores que queramos añadir, creo que esta historieta del coche expresa bastante bien la ceguera de nuestra sociedad, de la que quise hablar en mi anterior entrada (a cuenta de la señora ministra). Porque así también vamos nosotros, muy ocupados pasando la aspiradora por los asientos de nuestro coche, discutiendo con obstinación si bajamos o subimos una ventanilla, si conviene repintar la carrocería, y de qué color, pero sin prestar atención a si el motor responde como debe, a si tenemos suficiente gasolina, a si conducimos adecuadamente... Y, sobre todo, sin repajolera idea de hacia dónde vamos.

¡Ese cuerpo, señor ministro!

Ninguna parte anatómica de un ministro debería ser motivo de debate político (salvo excepciones evidentes, como, por ejemplo, el cerebro de uno que haya sufrido un ictus). Sin embargo, hace unos días, cierta parte de una ministra originó un buen rifirrafe público. Creo que los motivos principales de esa polvareda fueron dos, en modo alguno excluyentes.

La primera razón es muy simple: la mirada de nuestra sociedad sigue siendo bastante machista. El aspecto personal de las mujeres políticas (iba a escribir públicas) es examinado con un detalle que no se aplica a sus colegas masculinos. Los atuendos, los complementos, el peinado, la forma física... todo sufre un escrutinio implacable por parte de la opinión pública, pero sólo –o especialmente– en el caso de las mujeres. El seguimiento periodístico casi diario sobre la ropa utilizada por la reina es, para mí, el ejemplo más llamativo de este desequilibrio.

La segunda razón es más compleja. Tiene que ver con la importancia excesiva que nuestra sociedad actual otorga a los gestos (actos o hechos que implican un significado o una intencionalidad, según la RAE).

No puede decirse que un gesto sea, en sí mismo, algo malo. Más bien al contrario (hablamos siempre, claro está, de gestos positivos). Sin embargo, un gesto no implica ningún compromiso, ninguna acción, no cuesta nada y no supone apenas trabajo. Ante un problema, un gesto puede ayudar, pero tampoco lo soluciona. Más aún, un gesto puede ser la táctica perfecta para disimular o rehuir la responsabilidad que a uno le corresponda: en lugar de un compromiso, en lugar de una acción o un trabajo sostenido, regalo un gesto, que me alivia y da la sensación de empatía necesaria para soslayar lo que de verdad debería hacer.

Los ejemplos son múltiples: no aceptamos a los pobres en nuestro entorno (o a los extranjeros, o a los homosexuales, etc.), pero nos ponemos camisetas solidarias o acudimos a manifestaciones; no somos capaces de hacer un auténtico examen de conciencia sobre nuestros hábitos, pero publicamos tuitts ecologistas, feministas e inclusivos y criticamos con dureza a quien se ponga a tiro por esos motivos; no cumplimos (o lo hacemos deficitariamente) las normas sanitarias, pero aplaudimos desde el balcón; no somos capaces de arrimar el hombro en nuestro entorno, pero nos hinchamos a firmar peticiones en change.org; no dedicamos el esfuerzo necesario a nuestros estudios o nuestro trabajo, pero participamos de la manifestación a favor de la educación o en contra de los recortes;  consentimos el abuso en nuestro entorno, pero firmamos manifiestos contra el bullying; conducimos de aquellas maneras, pero firmamos a favor de una mayor seguridad vial; en el parlamento, los políticos portan camisetas, enseñan carteles, se levantan, patalean, aplauden, se van, cruzan ingeniosidades... pero no cumplen con la función que les hemos encomendado; la lista podría ampliarse sin mayor esfuerzo. Somos una sociedad de gestos, con muy poquito por detrás.

Volviendo al caso que nos ocupa, ¿qué significado o intencionalidad cabe atribuir al hecho de que un ministro –una mujer, en este caso– no utilice una prenda interior? Es verdad que todo en el mundo puede entenderse como símbolo, aunque tampoco sepamos si esa plurisignificatividad existe de verdad en la naturaleza o se la otorgamos nosotros, gracias a una de esas extrañas habilidades que posee nuestra especie animal. En este caso, las interpretaciones pueden ser –han sido, de hecho– tan variadas como las miradas de quienes opinan. (Además, debemos sumar otro condicionante, por desgracia cotidiano: la mayoría de las opiniones son torticeras, malintencionadas y buscan por encima de todo desprestigiar al enemigo, sea éste quien sea).

Es más fácil ocuparse de la anatomía de un ministro que formarse una opinión sólida sobre su gestión,  debatirla debidamente y actuar en consecuencia. Que esto suceda más con las mujeres se explica por la primera razón apuntada. Pero en ambos casos, la sociedad tiende a manejar gestos, detalles menores, pequeñeces que le mantienen ocupada y le proporcionan una falsa apariencia de estar al tanto de la cosa pública, pero sin entrar nunca en el meollo de las cosas, sin discriminar las cuestiones importantes, sin plantearse alternativas para la acción, sin asumir nunca responsabilidades. Gestos, gestos y más gestos. Y la realidad, mientras, haciendo de las suyas. Y el hatajo de sinvergüenzas que nos pastorea, también.

La concentración del capital

La lista de los problemas que aquejan al mundo es larga y complicada. Si buscamos su concreción, acabamos perdidos en una casuística enmarañada; si, por el contrario, buscamos la generalización, acabamos manejando formulaciones vanas, sin apenas valor para la acción real.

Creo que lo más inteligente –no lo más fácil– es identificar, en esta madeja de desgracias e indignidades, un hilo largo que pueda desenmarañarse, al menos parcialmente, para conseguir así reducir el tamaño y la complejidad de la madeja. Tal vez haya varios de esos elementos clave, pero yo señalo uno: la concentración de la riqueza.

Por supuesto, siempre ha habido ricos y pobres, y éstos siempre han sido más que aquéllos. No sé si éste es el momento histórico en el que menos gente acumula más riqueza (no importa, en realidad), pero es evidente que la concentración del capital ha aumentado en los últimos cuarenta años.

Es difícil explicar debidamente este proceso, presentar ordenadamente todos los datos imprescindibles para caracterizar el fenómeno, esclarecer las causas, las tendencias, etc. Renuncio a ello de antemano. No me resisto, sin embargo, a presentar algunos datos desordenados.

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos de 2016 (que leo en el CNN español) estimaba que el 10% de las familias poseían el 76% de la riqueza total del país. Además, la concentración se había acrecentado en los últimos años. Así, entre 1989 y 2013, las familias situadas en el percentil 90 habían incrementado su riqueza en un 54%; las del percentil 50, sólo un 4%; pero las del percentil 25 habían perdido el 6% de su riqueza. 

Con la pandemia, la concentración ha aumentado de una manera obscena. Según un informe de 2020 de la organización American for Tax Gairness (ATF) (que puede leerse, entre otros, en el canal gubernamental France 24), los multimillonarios americanos habían ganado en esa fecha más un un billón de dólares con la pandemia. En palabras de su director ejecutivo, Frank Clemente: «nunca antes Estados Unidos había visto tal acumulación de riqueza en tan pocas manos». La cosa parece incluso más increíble, porque, a día de hoy, la ATF afirma que los beneficios pandémicos de los multimillonarios son ya de 2 billones. ¡Más de la cantidad que la administración Biden va a dedicar a su plan nacional de estímulo! 

En España, los cinco grandes bancos (Santander, BBVA, Caixabank, Bankinter y Sabadell) ganaron en 2021 casi 20.000 millones de euros. (No debemos olvidar que hace muy poquitos años les regalamos entre todos una millonada indecente.) Ese mismo año, esos bancos se deshicieron de unos 16.000 trabajadores (fuente). Por concretar más un caso, el BBVA, que en 2021 ganó más del triple que el año anterior (fuente), ha batido su récord de beneficios trimestrales en este primer trimestre del 2022: 1651 millones, el 36% más que el mismo periodo del año anterior (fuente). Todas las grandes empresas presentan números similares: Iberdrola ganó 3.885 millones en 2021 y prevé ganar más de 4.000 este año (fuente); Inditex triplicó su beneficio el 2021 (fuente); Repsol ha duplicado su beneficio en el primer trimestre del 2022 (fuente); la cuenta sería interminable.

Si ampliamos el foco, vemos que la desregularización de finales del siglo pasado y la tan cacareada globalización han tenido efectos inciertos para el común de los ciudadanos, pero han generado unos beneficios estratosféricos para unos pocos. De modo similar, la revolución tecnológica ha propiciado evidentes ventajas para todos, pero también ha generado un ramillete de Crasos contemporáneos (Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, Larry Page, etc.). Y encima tenemos que tragar con la pantomima de que varios de estos multimillonarios son unos filántropos, cuando nunca han dejado de ser unos depredadores.

Yo no soy economista, pero me parece claro que en las últimas décadas hemos asistido a una imparable financiarización de la economía. No deberíamos olvidar que, en general, la actividad económica genera riqueza tangible, mientras que la actividad financiera, no. Los fondos de inversión han colonizado la actividad económica, de modo que ahora controlan un porcentaje cada vez mayor de las empresas y los negocios. (Es sorprendente, además, lo incautos que somos: primero celebramos que tal o cual empresa haya sido adquirida por no sé qué fondo internacional, y algunos años después nos escandalizamos porque dicho fondo haya decidido desmantelarla para seguir con su negocio –la extracción de pasta fresca de las venas de todos y de todo– en otra parte.)

Las cosas llegan a extremos verdaderamente inconcebibles. El mercado mundial del cereal es controlado en su mayor parte por cuatro empresas gigantescas, que se conocen como ABCD: ADM, Bunge, Dreyfous y Cargill. Esta última es la empresa líder. Tiene 166.000 empleados en 66 países y en 2021, con 121.000 millones de euros de facturación, obtuvo los mayores beneficios de sus más de 150 años de vida (fuente). Su montaje es sencillo: si hay una buena cosecha, se forran; si la cosecha es mala, también, porque quienes se arruinan son los agricultores. Ahora, la guerra de Ucrania llevará los precios a un límite insostenible para casi todos. Hay que tener presente que el precio de la próxima cosecha de cereal del mundo se cocina en la bolsa de Chicago. Con la crisis financiera de 2008, la especulación se trasladó en buena medida a este mercado, que ofrecía enormes oportunidades de enriquecimiento (a costa del prójimo, obviamente). Desde entonces, los precios no han dejado de subir, y los grandes no han hecho otra cosa que forrarse. Lejos de corregir esta locura, el mundo sigue abundando en el error, porque ya se ha comenzando esta misma carrera con el recurso más básico para nuestra existencia: el agua. 

Todo esto es sencillamente suicida y debe, por tanto, corregirse. ¿Cómo? No será sencillo, pero sólo cabe una manera: la regularización, es decir, la promulgación de leyes que no permitan el saqueo sistemático de los recursos y no promuevan semejante concentración del capital. Sin embargo, la legislación internacional, cada vez más tupida y compleja, preserva  y hasta cultiva unos llamativos agujeros negros para que todos estos fenómenos prosperen, es decir, para que la riqueza continúe con su proceso imparable de concentración. Nuestras democracias occidentales, cada vez más sensibles para según qué cosas, son ciegas a estas cuestiones, obviamente más importantes. No las ven, no quieren verlas o no quieren reconocer su incapacidad para corregirlas. En todo caso, de un modo o de otro, son cómplices.

Cuando hablo de las democracias occidentales, no me refiero sólo al hatajo de truhanes e incompetentes que copan los puestos de responsabilidad pública, sino a todos nosotros. Este asunto daría para mucho, pero apunto algunas ideas rápidas:

• Alguien podría decir que me he vuelto más comunista que los mismísimos bigotes de Stalin. Sin embargo, nada de lo anterior tiene que ver con el comunismo, sino con el puro sentido común.
• Aquí no hablamos de modelos económicos o sociales, sino de unos mínimos de justicia y decencia en nuestra convivencia.
• Me parece que la izquierda (sea eso lo que sea) ha hecho una claudicación histórica: ha renunciado a regular los resortes básicos del modelo económico (su finalidad fundacional) y se ha volcado sobre otros asuntos no carentes de interés, pero evidentemente secundarios. El feminismo es el ejemplo perfecto de una causa sin duda justa y necesaria, pero utilizada como cortina de humo o maniobra de distracción de problemas más importantes.
• Es tremendo comprobar que estas cuestiones han desaparecido prácticamente del discurso público de políticos, periodistas, profesores, científicos, pensadores, etc. Y es aún más tremendo que sólo se escuchen –debidamente distorsionadas por las ideologías respectivas, si es que pueden llamarse así– en los discursos de las sectores más extremos, a izquierda y derecha.

En definitiva, no sé qué es peor, que nos roben concienzudamente, aumentando la injusticia global y envenenando nuestro futuro, o que no nos demos cuenta.

De nuevo sobre líderes y liderazgo

Para Arantza, que me ha invitado a pensar mejor.

En mi escrito anterior sobre los líderes y el liderazgo, me temo que traté el asunto de una manera un tanto superficial (como corresponde a lo limitado del espacio y lo aún más limitado de mis conocimientos), sin entrar en el meollo de la cuestión. Trataré ahora de enmendar mi falta, en la medida de mis pobres posibilidades.

En primer lugar, creo que los conceptos de líder o de liderazgo son en buena medida eufemísticos. Imaginemos, por ejemplo, a un joven que acaba de firmar su primer contrato laboral. El dueño de la empresa le da la mano y le dice:

— Bienvenido, ya eres un nuevo colaborador de la empresa, ahora yo seré tu líder.

— No, no te equivoques –le corrige el nuevo empleado, demasiado joven para haber aprendido aún a callar–, yo trabajaré para ti y tú serás mi jefe.

También podemos recordar una frase escuchada con cierta frecuencia:

— Fulanito lidera un equipo de X personas.

— No  –corregiría nuestro joven osado–, Fulanito manda un equipo de X personas.

Un tercer ejemplo: muchas empresas han dejado de tener una "jefatura de personal" para disponer de un "departamento de gestión de personas" (o alguna otra formulación similar).

En estos casos constatamos que, cuando decimos líder, estamos queriendo decir jefe; cuando hablamos de liderazgo, estamos en realidad hablando de mando o, de modo más general, de poder. Pero, no sé por qué, en nuestra sociedad, tan exquisitamente igualitaria y democrática, está mal visto ejercer el poder; más aún: parece que todo poder estuviera esencialmente deslegitimado, o por lo menos fuera sospechoso per se. Y para procurar que la idea de poder quede camuflada, utilizamos el eufemismo, de modo que los jefes se convierten en líderes, los empleados en colaboradores y el poder en liderazgo.

Sin embargo, de esta manera incurrimos en un grave error, porque, sin darnos cuenta –aunque me temo que algunos sí que son plenamente conscientes– acabamos manejando una idea mucho más amplia y peligrosa: colaborar exige una implicación personal mayor que obedecer; a un jefe se le obedece de ocho a dos, pero a un líder se le sigue a todas horas; una empresa tiene derecho a gestionar el quehacer de su empleado, pero de ningún modo tiene derecho a gestionar su persona. Camuflando una relación de obediencia, se nos ha colado otra de dependencia y sometimiento.

En segundo lugar, el liderazgo debe ser, a mi modo de ver, un reconocimiento ajeno y a posteriori. Dentro de un grupo humano, del tipo que sea, a veces –o sea, no siempre– sucede que una persona, por sus cualidades o su desempeño, se constituye en la más importante de todas, en el núcleo o el alma de dicho grupo. Esa consideración, además, casi siempre es implícita o tácita y no ha sido buscada por la persona en cuestión. 

Otra cosa diferente es que ese grupo, si necesita llevar a cabo un trabajo, se organice para ello de la manera que estime conveniente, estableciendo diferentes funciones que impliquen que uno mande y otro obedezca. (Cuando el grupo en cuestión se organiza de forma jerárquica, esas funciones son inevitables.) Pero esa persona que manda o dirige será –al menos en principio– un encargado o un jefe, nunca un líder.

Lo que es un disparate absurdo es que alguien se constituya en líder de un grupo humano por decreto, a priori, sin haberse ganado previamente esa consideración por parte de sus compañeros. Si alguien se acerca a un grupo diciendo "yo voy a ser vuestro líder", ese fulano es un usurpador, un aprendiz de tirano, un necio con ínfulas de grandeza.

En definitiva, creo que la creciente ola de líderes y liderazgo que estamos sufriendo es de carácter eufemístico y apriorístico. Dos graves errores que mantienen mis pilotos rojos de alarma a pleno rendimiento.

De líderes y liderazgo

Se me activan todos los pilotos rojos de alarma en cuanto oigo hablar de líderes o de liderazgo. Desde hace unos cuantos años, estas palabritas (y el sucedáneo de idea que esconden detrás) se han convertido en uno más de los ídolos a los que sacrificamos nuestra sensatez, o lo que nos va quedando de ella. Es fácil ver aquí un nuevo ejemplo de colonización cultural, pero me temo que el asunto da para más.

En los ámbitos empresarial y administrativo, el liderazgo ha servido para que unos cuantos listillos se forren dando cursos de supuesta formación a un creciente enjambre de jefes y jefecillos que se creen una moderna mezcla de Alejandro Magno y Gengis Kan. Dejar una empresa en manos de semejantes orates engreídos consigue, en primer lugar, volver tarumbas a sus pobres subalternos y, en última instancia, lastrar su funcionamiento cotidiano y poner en peligro su propio futuro.

Sin embargo, es en lo político donde el dichoso liderazgo muestra toda su potencial malignidad. Un político es alguien elegido por sus conciudadanos para gestionar la cosa pública, y que debe rendir cuentas de dicha gestión; su posición preeminente es, por tanto, circunstancial y transitoria. El líder, en cambio, es alguien que, supuestamente por su comportamiento ejemplar o heroico (en realidad, más bien por su astuta utilización de la propaganda), se gana la voluntad popular para situarse por encima de sus conciudadanos, que cambian así su condición por la de seguidores acríticos. El político es examinado, el líder es seguido; al político se le juzga, al líder se le obedece y, eventualmente, se le ama; el político establece un pacto de confianza; el líder, de lealtad.

Un país culto, bien instruido e informado, no necesita un líder. Esta campaña ubicua de elogio del liderazgo, que pretende llenar de líderes todos los ámbitos de nuestra vida, coincide con otra serie de cambios globales que parecen pretender el freno del librepensamiento y de las libertades públicas y, en definitiva, el fin del llamado estado del bienestar. ¿Es casual esta coincidencia? Me cuesta creer que lo sea. Más bien me parecen síntomas de un mismo fenómeno.

Yo no quiero tropezarme con ningún líder, ni en mi escalera, ni en mi trabajo, ni en mi país, ni en ningún sitio. Son peligrosísimos. Basta con echar un vistazo al mundo para comprobarlo.

Política, partidos y personas

Asisto –con una sonrisita irónica, lo confieso– al bochornoso espectáculo que están ofreciendo estos días los líderes del PP. Compruebo, una vez más, lo difícil que resulta hacerse una idea clara de la verdad de los hechos, y lo poco que eso le importa a nadie. Los actores de este drama (o sainete, según se mire) se mueven por intereses o por sentimientos, pero no por argumentos o razones, ni mucho menos por principios.

Para mí, lo asombroso no es que a Pablo Casado le obliguen a marcharse, sino que alguien como él haya podido llegar a ser el líder del principal partido de la oposición. Que Casado pudiera ser presidente de la nación es algo tan rocambolesco como que lo sea el presidente actual, sin ir más lejos.

El cruce de acusaciones entre Casado y Ayuso ha sido penoso. Ambos han dejado claro, no sólo su mutua animadversión, sino también que estaban dispuestos a jugar todo lo sucio que hiciese falta para conseguir acabar con su adversario. Dejar tan al descubierto su fea catadura debería ser suficiente, en un estado normal de cosas, para que sus compañeros les indicaran el camino de salida. Sin embargo, esto sólo ha sucedido con uno de los dos. ¿Por qué? La respuesta, a mi modo de ver, sólo puede ser de orden estratégico: Ayuso ha sabido pelear (y le han ayudado) mucho mejor que su enemigo; y su táctica principal ha sido hacerse la víctima. Es curioso lo bien que funciona este mecanismo: el acusado siempre acusa, el agresor siempre se presenta como agredido... Es un resorte básico de nuestra naturaleza humana, y aun así no lo solemos reconocer cuando nos topamos con él.

Por el camino, queda olvidado –al menos por ahora– el pequeño detalle de los indicios de choriceo contra la presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo es posible que algo así no sea el principal motivo de todo este teatro? Pueden ensayarse varias explicaciones, todas ellas demoledoras:

1. Los presuntos hechos se consideran poco significativos, de poca importancia, y por tanto veniales, justificables o disculpables.
2. Aunque esos hechos sean ciertos, se consideran como algo habitual y general en la práctica política, independiente de personas y partidos y, por tanto, disculpable, como una especie de mal menor o impuesto político.
3. A las personas implicadas (dirigentes, afiliados y simpatizantes) no les preocupa la corrupción, no les parece que sea una práctica especialmente sancionable, al menos mientras se mantenga en unos niveles cuantitativos no muy grandes.
4. Las personas implicadas están atentas para denunciar y castigar la corrupción, pero siempre en los otros partidos. 

Esta última explicación quizá merece un comentario. Cuando uno pertenece a un grupo con unas determinadas características (una secta o una banda juvenil son buenos ejemplos), se vuelve incapaz de percibir correctamente la actuación de dicho grupo, aunque pueda seguir interpretando bien lo que sucede fuera de él. En el ámbito político pasa lo mismo porque mucha gente pertenece a su partido de esa forma equivocada, y son de tales siglas como son de tal credo, de tal equipo de fútbol o de tal secta (aunque para ellos sería ofensivo utilizar esa palabra).

¿Qué características específicas deben tener esos grupos? No lo sé. Pero, en realidad, ni tan siquiera hace falta recurrir a ellos, porque abundan los amigos de sus amigos, incapaces de compaginar amor y justicia, y dispuestos por tanto a tolerarlo todo en unos casos y nada en otros. Somos animales gregarios, muy dependientes de la manada, y no parece que podamos superar esa condición. Esto no tiene por qué ser siempre malo, pero parece claro que, en lo político, es una fuente constante de conflictos. Lo terrible es la actual proliferación global de mensajes dirigidos específicamente a ese resorte, porque me temo que ha sido siempre un índice predictor de catástrofes a lo largo de nuestra pintoresca historia de homo sapiens.

He empezado hablando del PP y he terminado divagando sobre la especie humana. Está claro que nada de lo anterior es privativo del PP, sino que –tal vez con algunos ajustes menores, que habría que examinar con cuidado– puede aplicarse a cualquier otro partido político. Lo que hace que todo sea mucho más grave.

Obviedades sobre la corrupción

El político de turno acaba de tomar posesión de su cargo. Su nuevo secretario le está enseñando las dependencias oficiales. Tras mostrarle las diferentes estancias, ambos se acercan por fin a la imponente mesa de trabajo de su despacho privado.

— Esta mesa –le indica el secretario– tiene dos filas de cajones a izquierda y derecha. Son seis cajones en total, todos llenos de dinero.

El político abre uno de ellos y, efectivamente, desborda de billetes de cincuenta euros. ¡En esa mesa hay una pequeña fortuna! Lo vuelve a cerrar, no sin cierta dificultad.

— Este dinero –prosigue el secretario– no está aquí para que usted lo use, sino por si hiciera falta en algún momento. En realidad, nadie sabe muy bien para qué está; nadie sabe cuánto hay, porque nadie lo ha contado nunca, ni tampoco nadie lo contará cuando usted se marche. Pero eso sí, debo repetirle lo mismo que a sus predecesores: bajo ningún concepto debe usted tocar este dinero –aunque nunca nadie sabrá si lo ha hecho o no–, porque debe dejarlo tal y como está para su sucesor.

El político se queda solo. En los siguientes años, pasará a diario muchas horas en ese despacho. ¿Abrirá los cajones? ¿Contará el dinero? ¿Se quedará con algunos de esos billetes para algún fin que no hace al caso? Tú, amable lector, ¿qué crees que harías en su lugar?

Estaría bien que alguien controlase que el político no utilice ese dinero. Estaría bien que, de hacerlo, fuera sancionado con severidad. Pero, sobre todo: ¿por qué tiene que estar esa mesa llena de dinero? ¿Cómo es posible semejante descontrol?

La moraleja de este cuentito es clara. Por supuesto, hay que investigar a los presuntos corruptos y, eventualmente, castigarlos, pero eso no deja de ser un apaño a posteriori.  Lo que de verdad hay que hacer es establecer un sistema de control que dificulte al máximo que alguien pueda meter mano en la caja. Tal vez no sea muy fácil, pero tampoco parece ni mucho menos imposible.

Por eso, no creo a los partidos políticos, que lanzan grandes soflamas contra la corrupción –normalmente después de que les hayan pillado con las manos en la masa–, pero no se ponen de acuerdo para establecer esos controles. Es como si los joyeros insistieran en que robar es un delito, pero dejaran sus tiendas repletas de joyas con los escaparates abiertos día y noche, sin vigilancia de ningún tipo. ¿Qué podría pensarse de semejantes tenderos? O bien son rematadamente idiotas, o bien obtienen algún oscuro beneficio con esa maniobra. Pues eso...

Libertad e igualdad

Libertad e igualdad son dos palabras muy manidas, cuyo significado, con tanto uso, se vuelve cada vez más vago. Me resulta curioso, por cierto, que la tercera parte del eslogan revolucionario, la fraternidad, haya casi desaparecido de la escena. ¿Tal vez porque contiene un elemento algo más espiritual, porque interpela a un resorte más recóndito de nuestro corazoncito, y eso la convierte en un concepto menos apto para el debate público? Sea como sea, me gustaría dedicar estas líneas a reflexionar sobre la libertad y la igualdad, en la medida de mis pobres entendederas.

En primer lugar, hablamos de dos ideales que no pueden pretenderse de manera absoluta, sino relativa. Nadie puede aspirar a una libertad completa, puesto que debe compaginarla con la de sus congéneres; del mismo modo, todos somos únicos y una igualdad completa entre nosotros no sería ni posible ni deseable. Una vez más, lo difícil es el equilibrio.

También resulta difícil saber cuándo estas palabras se usan de una manera inocente. Nuestra especie es capaz de lo mejor y de lo peor, a la vez: el lenguaje con el que nos comunicamos nos sirve también para engañarnos; los grandes ideales nos empujan a construir un mundo mejor, pero también los usamos tramposamente para nuestros propios intereses.

Hay una manera reduccionista de entender la libertad, que la equipara con el cumplimiento de la propia voluntad o, más aún, con la satisfacción de los deseos propios. Todo ello está relacionado, obviamente, pero no es ni mucho menos lo mismo.

Hoy en día, estamos viendo cómo los sectores políticos que más se identifican, por su cercanía o simpatía, con los ricos y los poderosos enarbolan cada vez con más insistencia y desparpajo la palabra "libertad". Según ellos, estamos sufriendo un ataque sistemático contra la libertad individual, llevado a cabo no se sabe muy bien por quién (porque unas veces lo hace "la izquierda" y otras, "la plutocracia internacional"). ¿Qué libertad es la que pretenden salvaguardar estas voces? Me temo que, en realidad, de lo que hablan es de  liberalización y desregularización. Dicho de otro modo: quieren la libertad de hacer de su capa un sayo para ganar dinero de todos los modos posibles, sin tener que preocuparse de pequeñeces morales o legales.

La voluntad individual siempre deberá sujetarse a la voluntad general, vale decir, la ley. En los últimos tiempos, cada vez más gente, en un abanico de asuntos cada vez más amplio, protesta si se le obliga a cumplir las normas, porque lo presenta como un atentado a su libertad. Pero el caso es exactamente el contrario. La pandemia nos ha proporcionado múltiples ejemplos de este despropósito.

Por su parte, detrás de la bandera de la igualdad pueden encontrarse no pocas veces sentimientos de  revanchismo o de pura envidia. Se olvida así que igualdad no significa uniformidad. Que todos reciban lo mismo no es justo, porque no todos aportan lo mismo: hay ciudadanos ejemplares y también sinvergüenzas redomados; los hay trabajadores y vagos, capaces y lerdos, etc. Una cosa son las oportunidades y otra, su aprovechamiento.

Además, si bien la igualdad debe estar en las oportunidades, tampoco éstas tienen por qué ser idénticas para todos. Hay que distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Por poner algún ejemplo de brocha gorda: las oportunidades para que un niño ciego sea pintor, o futbolista profesional, son cercanas a cero; sin embargo todos sabemos que un niño europeo blanco va a tener más posibilidades de vivir mejor que una niña afgana; o uno nacido en el barrio de Salamanca y otro echado al mundo en la Cañada Real. Al niño ciego habrá que que brindarle otras oportunidades; pero modificar lo segundo sí que está en nuestra mano. Y no lo hacemos.

Creo que la educación en nuestro país (y tal vez en otros) es un buen ejemplo de perversión del concepto de igualdad: bajo la bandera de la igualdad de oportunidades, se ha eliminado el mérito, se han rebajado las exigencias para que puedan ser cumplidas cada vez más fácilmente por cada vez más alumnos y, en resumen, se ha igualado a todos por abajo, en una búsqueda insensata –y quiero creer que inconsciente– de la mediocridad.

En definitiva, libertad e igualdad son dos mecanismos sociales, en cierta medida antagónicos, que deben ajustarse y equilibrarse constantemente. Y la herramienta para efectuar esos ajustes se llama justicia. ¿Es justo que tal individuo disfrute de la libertad de hacer tal cosa? ¿Es justo que tal individuo reciba el mismo trato -en lo que sea- que tal otro? (Pero, por supuesto, y como siempre: ¿quién es capaz de contestar estas preguntas?)

Tiendo a desconfiar del privilegiado que grita "libertad", del mismo modo que desconfío del paria que grita "igualdad". Por supuesto, ambos casos pueden estar plenamente justificados (aunque parece que uno debería sentir más simpatía por el paria que por el privilegiado, independientemente de sus anhelos o reivindicaciones). 

Es comprensible que defiendas la vigencia de la ley de la selva si tú eres el león; en cambio, si fueras la gacela, preferirías que las relaciones entre los animales estuvieran reguladas por leyes consensuadas entre todos.

Obviedades separatistas

El mensaje que España, de manera general, ha sostenido y sostiene en Cataluña es: "no puedes separarte de nosotros y, si lo intentas, lo impediremos por todos los medios". 

El mensaje que debería dar es: "no queremos que te separes de nosotros y, si nos escuchas, creemos poder convencerte de que seguir juntos es lo mejor para todos".

El primer mensaje apela a la fuerza; el segundo, a la razón. Para sostener el primer caso, hace falta tener preparada la policía, el ejército, o lo que fuese necesario; en el segundo, lo que hay que tener preparados son argumentos. En el primer caso, se aspirar a vencer; en el segundo, a convencer.  Cuando se maneja la fuerza, se gana o se pierde; cuando se razona y se argumenta, no se pierde, sino que, en ocasiones, se cambia de opinión.

España dispone (en principio, al menos) de la fuerza precisa para el primer caso. ¿Dispone de los argumentos precisos para el segundo? Y si los tiene, ¿para qué necesita la fuerza?

Yo aspiro a vivir en el segundo de esos dos países. El primero no deja de ser una cárcel. ¿Y desde cuándo al carcelero le sorprende que el reo aspire a escapar?

Todo lo anterior es válido para cualquier otro lugar. La diferencia estriba en la cantidad y calidad de los argumentos que puedan aportarse en la discusión, en un sentido u otro. 

La última trifulca educativa... por ahora

Ya estamos, una vez más, enredados con la nueva Ley Educativa (conocida como LOMLOE o Ley Celaá), esta vez a cuenta del desarrollo curricular previsto para algunas asignaturas de la enseñanza primaria. 

En primer lugar, hay que recordar que esta Ley ya se aprobó el 29-12-2020 y que ahora se trata de su desarrollo o concreción. Parece ser que el Ministerio ha preparado un borrador sobre la enseñanza primaria, que va a someter al juicio de las Autonomías. Este borrador (cuyo contenido creo que fue  parcialmente filtrado por algún periódico) es el que ha desatado, una vez más, la batalla política y mediática.  Sin embargo, yo he sido incapaz de encontrar el texto completo del borrador en cuestión. Una vez más, todos opinan, pero me temo que nadie lo ha leído.

Ahora bien, sin necesidad de leer una sola línea del texto, creo que pueden hacerse algunas consideraciones generales:

1. Para empezar, me atrevo a realizar un triple vaticinio:

1. Será fácil encontrar, en el texto legal, una buena cantidad de sandeces.
2. Esa sandeces se verán igualadas o incluso superadas por las que aireen los respectivos coros de tifossi, en contra y a favor.
3. Las opiniones mesuradas, los juicios razonados –que sin duda también los habrá– quedarán ocultados por la gresca y nadie les hará el menor caso.

2. Lo que pueda leerse en un texto legal es, sin duda, importante. No es, sin embargo, lo más importante, al menos en el asunto que nos ocupa. La prueba es que, en los últimos 30 años, nos hemos hinchado a publicar textos legales, mientras que la educación seguía su propio derrotero (a peor, según mi opinión). En otras palabras: para enderezar el rumbo de la educación, un buen texto legal es importante, pero no es el auténtico quid de la cuestión. Redactando una nueva ley no se consigue nada, o casi nada.

3. Las leyes educativas –ésta y las anteriores– son un buen ejemplo de una manera lamentabilísima de entender la política. El político de turno, cuando está en el poder, procura aprobar el mayor número de leyes que se ajusten lo más posible a su ideario (las más de las veces impreciso y tramposo, para colmo), a sabiendas de que tal ley va a resultar inasumible para un porcentaje muy considerable de la oposición (un poquito menos del 50%, habitualmente). Nadie pretende de verdad ponerse de acuerdo: ni gobierno ni oposición; los unos, porque quieren ganar a toda costa, ahora que pueden; los otros, porque se resignan a perder, con la esperanza –tantas veces cumplida en el pasado–de que llegará la hora de su revancha (es decir, volverán a tener mayoría en alguna legislatura y podrán redactar una nueva ley a su gusto).

Este modo de actuar es, a mi modo de ver, el verdadero común denominador de la política española (al menos desde el siglo XIX, tal vez con algunas pequeñas excepciones) y explica en buena medida los fracasos del país en este periodo.

Al político que gobierna le corresponde dirigir el debate, priorizar los asuntos y también tomar las decisiones últimas,  de acuerdo a su propio criterio. Pero eso no significa que tenga carta blanca para imponer sus gustos por encima de todo y de todos. Cuando el ciudadano deposita su voto, no elige quién va a ser el dictador del país durante los próximos cuatro años, sino quién va a tratar de ponernos de acuerdo durante ese tiempo. La democracia no es una alternancia de tiranías.

 

¿A qué puede llamarse universidad?

He leído con atención el informe ¿A qué puede llamarse universidad?, publicado por el Observatorio del Sistema Universitario el pasado 18 de marzo. El informe analiza el grado de cumplimiento de los requisitos previstos en el nuevo Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios (aprobado finalmente el 27 de julio), así como el grado de cumplimiento de los requisitos vigentes desde el 2015 (Real decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios).

Lo primero que advierto es que aquí también rige la inveterada costumbre española (y tal vez universal): cuando una ley no se cumple, se cambia de ley. ¿Por qué no se ha cumplido la ley anterior? No se sabe. ¿Se va a cumplir la nueva? Tampoco se sabe, pero lo lógico es, en todo caso, prever que no. ¿Y pasa algo, se va a hacer algo al respecto? No, por supuesto. Dentro de algunos años, alguien vendrá y hará una ley nueva, que –oh, sorpresa– tampoco se cumplirá.

Efectivamente, la primera conclusión del Informe es el incumplimiento generalizado de los requisitos vigentes desde 2015. Sólo 18 de las 81 universidades analizadas los cumplen. Además, si se consideran también los centros adscritos, las 18 se quedan en 10 (8 públicas y 2 privadas).

Como la nueva ley endurece las condiciones (aunque no todas), las universidades que las cumplen ahora mismo son sólo 12; si se consideran también los centros adscritos, sólo 4. ¡Menos del 5%! Además, no hay que olvidar que el Informe deja sin estudiar, por diferentes motivos (sobre todo, falta de datos oficiales), 7 universidades, la mayoría de las cuales, previsiblemente, tampoco cumplirían todos los requisitos.

Veamos las cosas con algo más de detalle:

1. Requisitos sobre la oferta docente

La nueva ley amplía los requisitos (todas cumplen los vigentes), con la idea de conseguir centros con ofertas amplias, en al menos 3 de las 5 ramas de conocimientos manejadas habitualmente. De esta manera, se pretende eliminar las universidades pequeñas y focalizadas en una o dos ramas. Particularmente, no lo veo claro: creo que lo que debe atacarse no son las universidades pequeñas, sino las universidades malas. No tienen por qué coincidir.

2. Requisitos sobre la actividad investigadora

En general son bastante razonables, aunque hay dos números mínimos que me parecen discutibles: el de publicaciones científicas y el de sexenios de investigación. Creo que es discutible el número, el procedimiento de cálculo (las ratios utilizadas) y, sobre todo, los conceptos mismos de "publicación científica" y de "sexenio de investigación", sobre los que creo que tenemos pendiente una profunda reflexión.

3. Requisitos sobre la plantilla de PDI y su cualificación

La mayoría de las universidades incumple los 4 en vigor desde 2015, y eso que el 3º estaba vigente desde 2007 (LOU) y el 1º, el 2º  –parcialmente– y el 4º estaban vigentes desde 1991 (Real Decreto 557/1991). Esto es un escándalo que debería llenar de vergüenza a los responsables políticos, presentes y pasados. Pero, por supuesto, aquí no pasa nada.

En este apartado se producen incumplimientos clamorosos, que en no pocos casos esconden claros fraudes de ley. La palma se la lleva el porcentaje de temporalidad, que, según afirma el Informe (p. 31),  se está incumpliendo masivamente y de manera sistemática.

Es curioso que sea precisamente este tercer apartado, que es el que menos se cumple, el único que vea rebajados algunos de sus requisitos. Lo reconoce el propio Informe (p. 35): llama la atención que en todos estos años no se hayan corregido las carencias de tantas universidades a este respecto, ni se haya revocado su reconocimiento de no corregirse éstas. Quizá ello explique por qué el Proyecto reduce algunas de las exigencias. Y, en todo caso, pone en duda la eficacia futura de la propuesta actual.

4. Requisitos sobre los centros adscritos

Hablamos de centros docentes que se adscriben a las universidades, mediante un convenio aprobado por la comunidad autónoma, para impartir estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales (p. 36). Hay en España 166 de esos centros, 148 en las universidades públicas (aunque 101 de ellos son de titularidad privada).

Como era de prever, estos centros presentan una grado aún mayor de incumplimiento de los requisitos y, además, en no pocos casos no hay datos para poder efectuar la evaluación.

A mí me viene a la cabeza, no sé si con razón o sin ella, la palabra "chiringuito". El Informe utiliza palabras más delicadas: todo ello pone en cuestión la viabilidad y calidad de una gran mayoría de estos centros (p. 42). 

Hasta aquí el Informe, que me parece demoledor. Pero no pasa nada, porque ya tenemos  una nueva ley. Sabemos que la inmensa mayoría de las universidades no la cumplen, pero les damos un plazo de 5 años para adaptarse (Disposición Transitoria Primera del Real Decreto). Podemos estar razonablemente seguros de que, transcurrido ese tiempo, las cosas no habrán variado sustancialmente. ¿Hemos previsto algún sistema de seguimiento efectivo del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos (como reclamaba el Informe)? Por supuesto que no. De hecho, sabemos que las fuentes actuales de información (SIIU y IUNE) no contienen todos los datos necesarios para ello. En otras palabras: una vez más, se legisla sabiendo de antemano que la ley no se va cumplir. Y ya está: no pasa nada.

Una última reflexión: nos hemos centrado en datos numéricos, aceptando la premisa de que son índices fiables de la calidad. Así lo hace todo el mundo. Es comprensible, es razonable. Sin embargo, yo no estoy ni mucho menos convencido de que sea lo mejor. Sería precisamente la universidad la encargada de examinar la cuestión y de proponer, en su caso, nuevos enfoques. ¿Va a realizar esta tarea? No, y a partir de ahora, además, menos que nunca, porque se va a dedicar únicamente a cumplir los dichosos requisitos. A cumplirlos o a torearlos, que no en vano estamos hablando de la universidad española...

Ley de libertad sexual

He leído la Proposición de Ley de Protección Integral de la Libertad Sexual y para la erradicación de las violencias sexuales, que, una vez más, ha creado un gran revuelo en los periódicos (aunque, también una vez más, casi nadie se ha molestado en facilitar el texto a los lectores).

Como era de esperar, hay artículos que me parecen bien y otros (el 28, por ejemplo) que me parecen mal. No escribo estas líneas para discutir esas cosas, sino para llamar la atención sobre la gran carga ideológica de la ley, que se explicita especialmente en el apartado introductorio de Exposición de Motivos. Tal vez esté equivocado, pero a mí me parece que el texto de una ley debe ser lo más neutro posible, de modo que cualquiera pueda aceptarlo como suyo, independientemente de su grado de acuerdo. Sin embargo, en este caso parece que el legislador aprovecha para dar rango de ley a lo que no dejan de ser opiniones particulares (aunque uno pueda estar de acuerdo con ellas). Coloco algunos ejemplos:

• Las violencias sexuales son una manifestación de las violencias machistas.

• Los roles de género sustentan la discriminación de las mujeres y la penalización, mediante formas violentas, de cualquier expresión de la disidencia respecto a la normatividad heterosexual, sexual y de género.

• Las violencias sexuales no son una cuestión individual, sino social; no se trata de una problemática coyuntural, sino estructural.

• Además de la discriminación por razón de género, las mujeres se enfrentan a un sistema de discriminaciones solapadas que da lugar a formas de violencia multidimensionales y, en consecuencia, a vulneraciones múltiples de derechos humanos.

Lo repito: creo que este tipo de afirmaciones no deberían formar parte del texto de una ley. Y además, algunas de ellas me parecen solemnes majaderías.

Analicemos, por ejemplo, la segunda frase: parece ser que hay una normatividad sexual, otra heterosexual y otra más de género. Para empezar, ¿qué entendemos por normatividad? Que yo sepa, la palabrita en cuestión expresa la cualidad de lo normativo (por ejemplo, la normatividad de una gramática normativa), mientras que aquí parece utilizarse en el sentido de 'conjunto de normas'. No deja de ser asombroso que un legislador no conozca el recto uso de estas palabras. Pero sigamos: hay esos tres conjuntos de normas, que al menos yo ignoro por completo, y si alguien expresa su desacuerdo con ellas (aunque hablar de disidencia le aporta un matiz diferente, y aunque no entiendo cómo alguien puede no estar de acuerdo con algo que desconoce) va a resultar penalizado de forma violenta (es decir, agredido: ¿por quién?); y todo ello es posible por los roles de género (que tampoco sé lo que son, ni la relación que guardan con las tres normatividades). En fin, para mí, al menos, el veredicto es claro: esta frase es una memez que nunca debería poder leerse en una ley.

Quiero señalar otro problema que encuentro en esta Ley, a mi juicio también de raíz ideológica.

El Artículo 1 comienza muy bien, hablando del derecho a la libertad sexual de todas las personas, y dejando sentado que la ley no consentirá discriminación alguna por motivos de género, sexo, orientación sexual, identidad sexual o de género (¡cinco motivos, nada menos!). Acto seguido, señala que la Ley va a contener una serie de medidas específicas para las mujeres, pero aclara que esto no se considera discriminatorio, porque tienen la finalidad de remover los obstáculos que impiden que los hombres y las mujeres puedan disfrutar de su libertad en igualdad de condiciones. En definitiva, la famosa discriminación positiva, que siempre me ha parecido razonable pero de encaje legal delicado (los españoles son iguales ante la ley, que dice el artículo 14 de la Constitución). También me llama la atención que, al defender esta posible discriminación, ya no se andan con tantos remilgos como en el párrafo anterior, y hablan directamente de hombres y mujeres.

El caso es que, a lo largo del larguísimo articulado de la Ley (47 páginas), a mí al menos no me queda claro cuándo están hablando de personas y cuándo de mujeres. Más aún, me parece que, en general, sólo hablan de mujeres. Por ejemplo,  en el cuarto apartado de la Exposición de Motivos se anuncia que el Título III recoge los derechos de las mujeres víctimas de violencias sexuales. ¿Pero es que un hombre no puede ser víctima de la violencia sexual? En este caso, al parecer, no cabe hablar de víctimas y víctimos... 

Otro fantasma (más) recorre Europa (una vez más)

El pasado 23-04-2021, se publicó en el BOE la Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal. En el preámbulo de dicha Ley, se realizaba un durísimo ataque explícito al PP. Copio algunas líneas:

Con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno. La reforma laboral, que prácticamente excluyó la negociación colectiva de los trabajadores y que devaluó o directamente eliminó otros muchos de sus derechos, no pareció suficiente y por ello se reforzaron, con ataques directos, todas las medidas que exteriorizaron el conflicto, utilizando la legislación en vigor.

Es evidente que lo anterior no es la expresión recta de unos hechos, sino una interpretación de los mismos. El grado de acierto de dicha interpretación es irrelevante (a mí, por ejemplo, no me parece del todo desatinada); lo importante es que el gobierno ha utilizado el BOE para acusar a su principal rival de haber actuado de manera ilegítima y de haber llevado a cabo un "sistemático desmantelamiento de las libertades". La constancia pública que implica el BOE pretende convertir en un hecho cierto lo que sólo puede ser una crítica particular (sea o no acertada). Esto es inaceptable.

La democracia no consiste en tener razón, sino en cumplir las normas y acatar las decisiones comunes, aunque no estés de acuerdo con las normas o te parezcan equivocadas esas decisiones.  Si estás tan convencido de tener razón que te consideras por encima de las normas y de los consensos, te has rendido a un pensamiento dogmático y totalitario, puedes ya considerarte un aspirante a dictador, un mero tirano, al menos in pectore.

Lo del BOE es el último caso de un fenómeno alarmante: la proliferación del pensamiento totalitario. Los ejemplos son incontables y vienen desde cualquier ámbito social. La creciente crispación política que estamos viviendo no es sino uno de sus síntomas más evidentes.

El pensamiento totalitario puede tener que ver con las ideologías, ya que éstas (y puede que algunas más que otras) contienen en sí mismas el germen de la dicotomía entre adeptos y adversarios; permiten plantear la vida como una confrontación entre ideas, y de ahí es fácil pasar a una confrontación entre personas. Pero son sólo unos determinados individuos los que aprovechan esta gatera y se deslizan por la pendiente de la confrontación, y en el fondo lo hacen, creo yo, no por motivos ideológicos, sino psicológicos o éticos (es decir, por alguna falla psicológica o ética en su interior).

Hay personas (estoy pensando en algún que otro periodista famoso) a quienes les resulta difícil entender el mundo sin contar con enemigos. Para estas personas, las ideologías no son un andamiaje en el que encajar los hechos, los conocimientos y las opiniones, una guía para la vida y sus afanes, sino un proveedor de enemigos: alguien –más que algo– contra quien luchar, a quien combatir o, directamente, agredir.

En los últimos años, parece que estuviéramos viviendo un resurgir de las ideologías. Sin embargo, creo que es un espejismo: lo que se ha avivado es el confrontamiento personal (o peor aún, el confrontamiento grupal, de manada, que no de clase), que utiliza las ideologías como herramienta. Una herramienta que tampoco es necesario conocer en profundidad, o mantener engrasada y a punto, puesto que la pelea en la que se utiliza es burda, a garrotazos (como la premonitoria  escena de Goya). 

¿Por qué hemos entrado en esta deriva? ¿Quién consigue qué cosas gracias a esta continua confrontación? ¿Responde a un plan trazado por alguien, o es sólo el inevitable curso de los tiempos? ¿Hay alguien avivando el fuego o se alimenta solo? Y, sobre todo, ¿qué podemos hacer? Lo siento, pero no tengo respuestas. Sólo sé que la Historia nos advierte de que, si no corregimos el rumbo, el futuro que nos espera puede ser desolador.

Una sencilla pregunta para ti, lector, a modo de estrambote: cuando, unos párrafos más arriba, hablaba de "algún que otro periodista famoso", ¿en quién has pensado? ¿Te has acordado sólo de uno, sólo de un determinado medio de comunicación, de un sesgo ideológico concreto? ¡Cuidado! De ser así, conviene que te hagas un buen análisis, porque puedes estar infectado del virus del totalitarismo.

Fútbol, pandemia y estulticia

El pasado 3 de abril, día de la final de Copa del Athletic contra la Real, sucedieron en Bilbao varias cosas difíciles de entender, al menos para mí, sobre las que me gustaría reflexionar brevemente:

1. Al parecer, el número de los descerebrados es mayor de lo que comúnmente queremos admitir. Ese día, un montón de personas, bastantes de ellas formando desde el principio grupos de más de cuatro, se fue poco a poco dirigiendo hacia unas determinadas zonas de Bilbao. ¿A qué iban, sino a congregarse? ¿Acaso no sabían que semejante agrupación estaba expresamente prohibida por las autoridades? Por supuesto que sí: simplemente, les daba igual. ¿Acaso desconocían que su actuación acarrearía muy probablemente un agravamiento de la situación sanitaria? Por supuesto que sí: simplemente, les daba igual. Cuánta razón tiene el viejo dicho: si los tontos volaran se nublaría el sol.

2. Buena parte de esos botarates eran jóvenes, pero no todos. Además, estoy un poco harto de que ser joven se convierta en un paraguas que todo lo cubre. Por una parte, sabemos que un quinceañero puede muy fácilmente comportarse como un inconsciente atolondrado; pero eso no impide que pueda y deba ser reconvenido y controlado por sus mayores. Por otra parte, ¿desde cuándo un treintañero puede pasar camuflado como si fuera un niñato? Resulta que son ciudadanos con todos sus derechos, pero pretenden que se les rebaje parte de sus deberes "porque son jóvenes". ¿Pero qué timo es éste?

3. La actuación de las autoridades ha sido, una vez más, lamentable. Se pasaron los días previos exhortando al personal a no hacer nada fuera de lo común, pero fueron incapaces de prever lo que todo el mundo sabía: que sus deseos no se iban a cumplir. ¿Por qué no hubo nadie impidiendo los desplazamientos hacia el centro de Bilbao de los grupos numerosos? ¿Por qué no hubo nadie impidiendo que la gente comenzara a congregarse? ¿Por qué los bares de esas zonas no fueron seriamente advertidos o controlados? Nada de esto se hizo, de modo que, cuando una muchedumbre ya estaba congregada, por ejemplo en la calle Licenciado Poza, y cuando unos vándalos provocaron disturbios amparados en ella, la autoridad se vio incapaz de intervenir sin causar problemas mayores de los que debía solucionar, y no tuvo más remedio que abandonar la zona a su suerte, tras disparar, no se sabe muy bien para qué, media docena de pelotas de goma. Más tarde, y para más inri, nuestro lehendakari no sólo no hizo la menor autocrítica, sino que apoyó decididamente la actuación de la Ertzaintza, es decir, le pareció bien que la autoridad consintiera que se vulnerasen las normas. Asombroso...

4. A mi modo de ver, todos los bares que participaron en el jolgorio merecerían haber sido fulminantemente clausurados, por incumplimiento grave de las normas anti covid. Sin embargo, mucho me temo que no sólo no recibirán el menor castigo (o acaso una multita ridícula en comparación con sus ingresos de la jornada), sino que seguirán clamando por recibir mayores ayudas públicas, y seguirán presumiendo de su exquisito cumplimiento de las normas. Y todos los apoyarán, incluidos los pocos hosteleros que sí las cumplen. Así nos va.

5. Una última pregunta: ¿la actuación de las autoridades habría sido la misma si el motivo de las concentraciones hubiera sido otro diferente al fútbol y al Athletic?

 

Sobre educación, religión y política

Que un tercio de los chavales de un país europeo –España– se escolarice en centros religiosos me parece una anomalía. Que a esos centros se los asocie no con los pobres y los desfavorecidos, sino más bien con lo contrario, me parece escandaloso. El escándalo es social, pero, sobre todo, religioso, porque estos centros son, en su mayoría, católicos, y es radicalmente anticristiano que sus órdenes religiosas se dediquen a los niños de la parte media-alta de la sociedad. (Ya sé que hay excepciones, becas, cuotas, etc., pero eso no deja de ser un escaparate que disimula la realidad que guarda el interior del conjunto de los centros, o que al menos ha guardado hasta ayer mismo.)

Entiendo que esta anomalía es heredera de un régimen anterior que delegó en la Iglesia de Roma buena parte de la tarea de controlar ideológicamente a la población. También me parece que eso fue posible por una larga tradición española de utilización política de la religión (o utilización religiosa del poder), que nos retrotraería fácilmente hasta el Concilio de Trento (1545-1563), o incluso antes. Todo ello debería ser motivo de reflexión social pero, sobre todo, de escándalo cristiano. 

En algún momento de su camino, la Iglesia cambió el objetivo de servir al hombre por el de controlarlo. Es verdad que el límite entre educar o aconsejar a una persona y manipularla es, en la práctica, muy difuso. Precisamente por eso, la Iglesia debería haberse mantenido alerta ante ese peligro, pero la historia muestra que ha solido hacer todo lo contrario: caer decididamente en la tentación. Y que su intención con ello sea buena es dudoso, pero, sobre todo, irrelevante.

Hay otro hecho grave en el comportamiento de los centros educativos religiosos en España: su pretensión de escapar del control público, cuando sobreviven gracias a su dinero. Sé que hablamos de equilibrios entre diferentes derechos y planteamientos educativos, y que, por tanto, es lógica la discrepancia sobre los grados de acuerdo alcanzados. Pero a mí me parece que la postura general de los colegios religiosos en España ha sido decididamente tramposa: pretender la mayor cantidad de dinero público, pero con el mínimo control.

Por su parte, el poder público debería reconocer al menos dos faltas: la primera, que no tiene ni de lejos la capacidad para escolarizar a toda su población (aunque parece que la demografía está haciendo desaparecer poco a poco este problema). La segunda falta es más grave, más difícil de analizar y de reparar. Se trata de que, en términos generales, la educación pública en España es mala y está sometida a unas tensiones y a unos factores de evolución que sugieren que probablemente vaya a ser cada vez peor. Por tanto, el poder público no puede ni debe olvidar la casa ajena, pero debe ocuparse preferentemente de la suya. Sobre todo si está amenazando ruina.

La reflexión que sobre la educación tiene pendiente la Iglesia le compete a su jerarquía y al conjunto de sus fieles. A los ciudadanos les corresponde velar por lo público. Y me temo que su calificación en esta asignatura es la misma que la de sus políticos: suspenso.

Señales de peligro

Hay algunas cosas que hacen que se me enciendan inmediatamente los pilotos rojos de alarma, por un peligro algo indefinido que podría describir como la sospecha de que hay cerca de mí una inmensa rueda de molino intentando que yo comulgue con ella. En estas líneas quiero repasar dos de estos índices.

Las consignas son el primero de ellos. Por ejemplo, hace unas semanas todos los seguidores y simpatizantes de determinados partidos se indignaron, de repente y a la vez, por las mismas cosas de la Ley Celaá, con los mismos motivos y utilizando los mismos argumentos. Curiosamente, las cosas que a esas mismas personas les indignaban en 2006 (con la anterior ley de educación del PSOE) ahora les importaban un bledo. 

Los ejemplos políticos son incontables. De repente, como a toque de corneta, un buen número de políticos (siempre con sus medios de comunicación al lado) comienzan a poner en tela de juicio (o a defender a capa y espada) al rey y a la monarquía. Más: de repente, las restricciones y los confinamientos de la pandemia dejan de ser un ataque intolerable a la libertad, como, también de repente, habían sido considerados. Más: de repente, los intolerables ataques a la libertad de la conocida como Ley mordaza dejan de serlo. Podría seguir indefinidamente. En general, no ha habido debate político o social en los últimos años que no haya consistido en el despliegue de diferentes consignas por parte de unos y otros.

En el País Vasco, la llamada izquierda abertzale ha sido una gran experta en la utilización de consignas. Desde el Lemoiz apurtu (la primera de la que yo tengo un recuerdo claro) hasta el no al tren de alta velocidad (AHT-TAV Stop), pasando por las diferentes versiones del Presoak Etxera, ha habido en este ámbito político un evidente interés en mantener unida a su gente en torno a una consigna. De todos modos, es claro que, también en el País Vasco, este interés no ha sido ni es exclusivo de una determinada ideología o formación política. Por poner un ejemplo muy diferente, hace unos años, de repente, aparecieron unos "profundos sentimientos" alavesistas, que nacieron casualmente con un partido (Unidad Alavesa) y desaparecieron con él, también de repente.

Por supuesto, las ideas o las propuestas detrás de una consigna pueden ser acertadas. El problema es que, al convertirse en consigna, dejan de ser objeto de análisis para convertirse en bandera de adhesión, de modo que la cosa pública deja de ser un ámbito de debate para convertirse en un terreno de lucha, porque al ciudadano no se le presenta algo sobre lo que reflexionar, sino algo que defender o atacar. (Esto, por cierto, es lo que diferencia una consigna de una mera campaña.)

Otro motivo de alarma es el afán por controlar el lenguaje. No hablo del interés por mejorar el lenguaje, propio o ajeno, sino por controlarlo. Por dictar qué palabras, qué usos, son correctos, y cuáles no. Por intentar que todo el mundo hable de acuerdo con lo que uno considera correcto o adecuado para su modelo de sociedad o de mundo.

El lenguaje es, de un modo que no acabamos de comprender, una herramienta crucial para nuestro pensamiento: cuanto más rico sea nuestro lenguaje, más posibilidades proporcionará a nuestro pensamiento (los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo, que decía Wittgenstein). Por tanto, si yo controlo el lenguaje de las personas, en cierto modo estoy en camino de poder controlar también su manera de pensar.

Esta modalidad de control es, además, muy sutil, puesto que el sujeto controlado no suele tener una conciencia clara de su existencia. Pongo un par de ejemplos simplísimos: si el dueño de la fábrica consigue que sus empleados piensen en una "reestructuración del personal", probablemente protesten menos que si piensan en "despidos"; también protestarán más por una congelación salarial que por una subida salarial del 0%.

Este intento de control lingüístico, llamado últimamente lenguaje políticamente correcto, genera en primer lugar un gran número de de eufemismos (es decir, manifestaciones suaves o decorosas de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante, según la definición de la RAE). El aspirante a dictador pretenderá, pues, que a la gente le resulte "duro o malsonante" todo lo que le parece a él, y sólo eso. De este modo, ahora no podemos llamar negro a un negro, gordo a un gordo, tullido a un tullido, etc. Por supuesto, esto ha existido siempre. Ya se quejaba de ello Juan Rufo en 1596: "al chico de cuerpo se le ha de llamar mediano; al moreno, trigueño, y al negro, moreno; al ventero, huésped, y al oficio, arte; al que es gordo, fresco y corpulento; a las necedades, descuidos. Hasta el ciego se consuela con oírse llamar privado de la vista". En tiempos de Franco, por ejemplo, estaba proscrita la palabra "rojo", de modo que en los frontones había que apostar al colorado, el cuento  infantil era Caperucita Encarnada, etc. Con esto advertimos otra característica de estos eufemismos: una vez pasada la fiebre que los produjo, resultan sencillamente ridículos.

Hoy en día, en la cima del lenguaje políticamente correcto, está el llamado lenguaje inclusivo. No quiero exponer mi opinión al respecto, porque es irrelevante para lo que trato aquí: el problema no está en que las propuestas del lenguaje inclusivo sean o no sensatas, sino en su empeño en ser obligatorias. Es tremendo observar cómo cualquiera que se resista a su uso es inmediatamente tachado de machista troglodita y retrógrado.

He tratado someramente dos fenómenos (hay más) que me generan una sensación de peligro. Creo que ambos son índices poderosos de que, detrás de ellos, se sitúa una pensamiento totalitario y, con él, un aspirante a dictador. Sé que, en ocasiones, algunas de las ideas que manejan estas personas pueden coincidir con las mías. Pero eso, lejos de tranquilizarme, hace que me aleje de ellos a toda prisa, con las luces rojas de alarma girando a toda velocidad.

Política educativa: ¿un oxímoron?

La Ley Celaá (LOMLOE) entrará previsiblemente en vigor en las próximas semanas, con un feroz rechazo de la oposición. Esta ley sustituirá a la Ley Wert (LOMCE), aprobada en 2013 con la mayoría absoluta del PP y con toda la oposición en contra.

He hecho un poco de memoria, con ayuda de Internet. La LOMCE sustituyó a la LOE (San Segundo y Cabrera, PSOE, 2006), que a su vez sustituyó a la LOCE (Del Castillo, PP, 2002). La LOCE sustituyó a la LOPEG (Pertierra, PSOE, 1995); ésta sustituía a la LOGSE (Solana, PSOE, 1990), que sustituía a la LODE (Maravall, PSOE, 1985), que sustituía a la LOECE (Otero, UCD, 1980), que sustituía a la famosa LGE de Villar Palasí (la de la EGB y el BUP), ya en tiempos de Franco (1970).

La primera ley de la democracia, la de UCD (1980), no llegó a aplicarse. Denunciada por el PSE ante el Tribunal Constitucional, que le dio la razón en bastantes puntos, el gobierno debía revisarla en profundidad, pero no lo hizo, por el 23-F y las posteriores elecciones, que ganó el PSOE.

La primera ley del PSOE (1985) no variaba el sistema educativo, salvo en un punto: introducía los colegios concertados. El modelo vigente desde Villar Palasí resultó sustancialmente modificado con la segunda ley del PSOE (1990): obligatoriedad hasta los 16 años, mayor peso de las Comunidades Autónomas, desaparición de la EGB y BUP y creación de la ESO. La tercera ley del PSOE (1995) se aprobó con toda la oposición en contra (salvo CIU y PNV) y con las críticas de los sindicatos de profesores.

La primera ley del PP (2002) nunca llegó a aplicarse, porque Zapatero la paralizó en cuanto llegó al gobierno, en 2004. La ley del gobierno de Zapatero (2006) fue aprobada con el voto en contra del PP, que puso el grito en el cielo, especialmente por la asignatura de educación para la ciudadanía.

Con Rajoy en el poder, el PP impulsó su primera ley de educación (2013), que los portavoces parlamentarios de todos los demás partidos se comprometieron a derogar en cuanto el PP perdiera su mayoría absoluta. Este compromiso se ha retrasado hasta la Ley Celaá (que el PP ya se ha comprometido a desmontar en la medida de sus posibilidades).

Cuarenta años. Cuatro décadas de fracasos cantados, de riñas enconadas, por motivos en ocasiones banales (una u otra asignatura) y hasta artificiales (la lengua vehicular o la educación especial). Cuatro décadas de utilización partidista de la educación.

Creo que tachar de banales o artificiales a los motivos del rifirrafe puede merecer algún comentario. Veamos: entiendo que uno quiera que la nota de una asignatura concreta cuente para el cálculo de la media de la selectividad, y que otro quiera lo contrario; pero tendremos que convenir en que la influencia de esa asignatura en la media es muy pequeña y que, por tanto, estamos discutiendo de un detalle. Otra cosa es la importancia que para alguien pueda tener la propia existencia de esa asignatura (que, por si alguien aún no lo ha adivinado, es la de religión); pero es que de su existencia no se discute. Sigamos: nadie puede ahora escandalizarse de que la ley no mencione expresamente al castellano como lengua vehicular, y vaticinar por ello las mayores catástrofes para la nación, por la sencilla razón de que esta mención sólo ha existido durante siete años (los de vigencia de la Ley Wert); durante los más de 20 años en los que esta mención no existía, a nadie le pareció mal. Y si algún gobierno autonómico se extralimitase en su gestión de los modelos lingüísticos, el problema sería la actuación de dicho gobierno, y no la ley general (que nunca debe redactarse ad casum). Algo parecido puede decirse de los colegios de educación especial, que la ley en ningún momento dice que vayan a suprimirse.

El caso es que, aunque pueda parecer paradójico, cuanto más se riñe menos se discute. Por ejemplo, lo lógico sería sentarse a detallar la previsión de servicios de educación especial que el país puede necesitar en los próximos años, y la manera más eficaz de satisfacerla. Y calcular si eso obliga a dotar de recursos específicos a todas las aulas del país, o a financiar públicamente unos pocos centros específicos, o cualquier otra solución intermedia. Yo, por supuesto, no sé cuál es la mejor alternativa; pero ninguno de los que gritan (a favor o en contra) tampoco; ni les importa.

En líneas generales, hay muchas maneras de educar y muchos sistemas educativos que son razonables y ofrecen una suficiente garantía de éxito. Pero, para que eso suceda, hay que tener claras dos cosas:

1. Lo importante no es tanto acertar con el mejor modelo posible, como comprometerse con el modelo elegido. El sistema que se adopte debe ser aceptado por todos; todos deben colaborar en su desarrollo y defenderlo de cualquier posible ataque, durante un periodo indefinido de años.
2. Ningún sistema educativo puede sustituir a la educación básica que un niño recibe fuera del aula, en su casa y en la calle, de su familia y de la sociedad en su conjunto. 

En este punto, conviene hacer otra reflexión. Un niño recibe mensajes constantes y múltiples sobre el modelo de mundo, es decir, sobre cómo es y debe ser el mundo y cómo debe comportarse uno en él. Actualmente, me parece que los mensajes que el niño recibe en el aula difieren enormemente de los que recibe fuera (de los medios de comunicación, las redes sociales, etc.); en medio, las familias se encuentran cada vez más desconcertadas y, al no saber qué modelo transmitir, se resignan a no transmitir ninguno (olvidando que esa abdicación es, en sí misma, un potente mensaje). Con esto quiero decir que creo que el papel que tienen hoy las escuelas es bastante más difícil que cuando yo era niño, y que no podrán superarlo sin la colaboración efectiva de todos.

Nadie dice que decidir sobre el modelo educativo de un país sea fácil. Pero es que, en cuarenta años, nuestros políticos han sido incapaces de ponerse de acuerdo en nada. Da auténtico pavor comprobar qué poco les preocupa la educación, qué poco conscientes son de que es absolutamente esencial para el futuro de un país. Más aún, parece que la utilizan cada vez con más encono en su eterno conflicto, con unas formas cada vez más desaforadas y unos argumentos cada vez más débiles. En otras palabras: me temo que vamos a peor. Estamos en pleno círculo vicioso: los políticos deterioran la educación y una sociedad mal educada genera políticos cada vez peores.

Parece mentira, pero, para comenzar a dar pasos en la buena dirección, no haría falta ni tan siquiera leer esta ley (cosa que estoy seguro que no han hecho la mayoría de nuestros políticos, periodistas y opinadores), porque no importa demasiado si uno está más o menos de acuerdo con tal o cual artículo. Lo que importa de verdad es estar dispuesto a debatir y acordar: no a reñir y a ganar. Lo que importa es que nos importe la educación de nuestros hijos.