O sea que ahora nos hemos enterado de que el rey Juan Carlos estaba –presuntamente, por supuesto– enredado en comisiones fraudulentas y chanchullos económicos varios. ¡Hay que ver! ¿Y dónde habíamos estado metidos estos últimos cuarenta años? Porque la cosa ha sido todo este tiempo igual de evidente que ahora. Más aún, en todos estos años siempre habíamos mandado callar a los pocos que lo decían en voz alta. Pero ahora sí, ahora lo vemos claro. ¡Qué maravilla! Y parece que a nadie se le ocurre dar con la pregunta obvia: ¿quién y por qué nos había puesto la venda en los ojos, y quién y por qué nos la ha quitado ahora? Aunque tengo algunas ideas al respecto, no puedo, lamentablemente, contestar a esas preguntas.
A mi modo de ver, el quid de la cuestión es que el rey cometió las sinvergonzonerías que se le atribuyen sencillamente porque podía. Y, para el caso, daría igual que no las hubiera cometido (lo que, incluso, podría llegar a ser verdad). Porque si no, las podría cometer el actual. O la siguiente. Y eso es así por la famosa inviolabilidad, que ha devenido en impunidad. ¿Qué habría que hacer? Obviamente, redactar mejor las disposiciones legales pertinentes, para salvaguardar los aspectos lógicos de esa inviolabilidad, pero sin que ello suponga una gatera para la total impunidad. En definitiva, para que pueda ser verdad aquello de “la ley es igual para todos”, que en boca de Juan Carlos sonaba irremediablemente a sarcasmo.
Una vez más, nuestros políticos (y los medios de comunicación, es decir, los hinchas de los políticos), lejos de aclarar esta confusión, la propagan. ¿Qué hacen con respecto a este asunto? Lo mismo que con todo lo demás: reñir. Utilizan todo como excusa o como combustible para su eterna escenificación, que no persigue sino el poder, o al menos sus migajas. En el parlamento, los políticos discuten (en el peor sentido de la palabra) sobre crear o no una comisión, sobre descolgar o no un retrato, es decir, sobre asuntos sin duda susceptibles de ser discutidos y en modo alguno carentes de importancia, pero que no son trascendentales y, sobre todo, no son los que de verdad les corresponden. ¿O es que han olvidado que ellos son el poder legislativo? Su función no es probar si los hechos que se le atribuyen al rey anterior son ciertos, sino modificar la ley para que no puedan suceder en el futuro. ¿Tan difícil es entenderlo? ¿De verdad no lo entienden? Porque cabe otra posibilidad: que, sencillamente, no quieran.
