Política educativa: ¿un oxímoron?

La Ley Celaá (LOMLOE) entrará previsiblemente en vigor en las próximas semanas, con un feroz rechazo de la oposición. Esta ley sustituirá a la Ley Wert (LOMCE), aprobada en 2013 con la mayoría absoluta del PP y con toda la oposición en contra.

He hecho un poco de memoria, con ayuda de Internet. La LOMCE sustituyó a la LOE (San Segundo y Cabrera, PSOE, 2006), que a su vez sustituyó a la LOCE (Del Castillo, PP, 2002). La LOCE sustituyó a la LOPEG (Pertierra, PSOE, 1995); ésta sustituía a la LOGSE (Solana, PSOE, 1990), que sustituía a la LODE (Maravall, PSOE, 1985), que sustituía a la LOECE (Otero, UCD, 1980), que sustituía a la famosa LGE de Villar Palasí (la de la EGB y el BUP), ya en tiempos de Franco (1970).

La primera ley de la democracia, la de UCD (1980), no llegó a aplicarse. Denunciada por el PSE ante el Tribunal Constitucional, que le dio la razón en bastantes puntos, el gobierno debía revisarla en profundidad, pero no lo hizo, por el 23-F y las posteriores elecciones, que ganó el PSOE.

La primera ley del PSOE (1985) no variaba el sistema educativo, salvo en un punto: introducía los colegios concertados. El modelo vigente desde Villar Palasí resultó sustancialmente modificado con la segunda ley del PSOE (1990): obligatoriedad hasta los 16 años, mayor peso de las Comunidades Autónomas, desaparición de la EGB y BUP y creación de la ESO. La tercera ley del PSOE (1995) se aprobó con toda la oposición en contra (salvo CIU y PNV) y con las críticas de los sindicatos de profesores.

La primera ley del PP (2002) nunca llegó a aplicarse, porque Zapatero la paralizó en cuanto llegó al gobierno, en 2004. La ley del gobierno de Zapatero (2006) fue aprobada con el voto en contra del PP, que puso el grito en el cielo, especialmente por la asignatura de educación para la ciudadanía.

Con Rajoy en el poder, el PP impulsó su primera ley de educación (2013), que los portavoces parlamentarios de todos los demás partidos se comprometieron a derogar en cuanto el PP perdiera su mayoría absoluta. Este compromiso se ha retrasado hasta la Ley Celaá (que el PP ya se ha comprometido a desmontar en la medida de sus posibilidades).

Cuarenta años. Cuatro décadas de fracasos cantados, de riñas enconadas, por motivos en ocasiones banales (una u otra asignatura) y hasta artificiales (la lengua vehicular o la educación especial). Cuatro décadas de utilización partidista de la educación.

Creo que tachar de banales o artificiales a los motivos del rifirrafe puede merecer algún comentario. Veamos: entiendo que uno quiera que la nota de una asignatura concreta cuente para el cálculo de la media de la selectividad, y que otro quiera lo contrario; pero tendremos que convenir en que la influencia de esa asignatura en la media es muy pequeña y que, por tanto, estamos discutiendo de un detalle. Otra cosa es la importancia que para alguien pueda tener la propia existencia de esa asignatura (que, por si alguien aún no lo ha adivinado, es la de religión); pero es que de su existencia no se discute. Sigamos: nadie puede ahora escandalizarse de que la ley no mencione expresamente al castellano como lengua vehicular, y vaticinar por ello las mayores catástrofes para la nación, por la sencilla razón de que esta mención sólo ha existido durante siete años (los de vigencia de la Ley Wert); durante los más de 20 años en los que esta mención no existía, a nadie le pareció mal. Y si algún gobierno autonómico se extralimitase en su gestión de los modelos lingüísticos, el problema sería la actuación de dicho gobierno, y no la ley general (que nunca debe redactarse ad casum). Algo parecido puede decirse de los colegios de educación especial, que la ley en ningún momento dice que vayan a suprimirse.

El caso es que, aunque pueda parecer paradójico, cuanto más se riñe menos se discute. Por ejemplo, lo lógico sería sentarse a detallar la previsión de servicios de educación especial que el país puede necesitar en los próximos años, y la manera más eficaz de satisfacerla. Y calcular si eso obliga a dotar de recursos específicos a todas las aulas del país, o a financiar públicamente unos pocos centros específicos, o cualquier otra solución intermedia. Yo, por supuesto, no sé cuál es la mejor alternativa; pero ninguno de los que gritan (a favor o en contra) tampoco; ni les importa.

En líneas generales, hay muchas maneras de educar y muchos sistemas educativos que son razonables y ofrecen una suficiente garantía de éxito. Pero, para que eso suceda, hay que tener claras dos cosas:

1. Lo importante no es tanto acertar con el mejor modelo posible, como comprometerse con el modelo elegido. El sistema que se adopte debe ser aceptado por todos; todos deben colaborar en su desarrollo y defenderlo de cualquier posible ataque, durante un periodo indefinido de años.
2. Ningún sistema educativo puede sustituir a la educación básica que un niño recibe fuera del aula, en su casa y en la calle, de su familia y de la sociedad en su conjunto. 

En este punto, conviene hacer otra reflexión. Un niño recibe mensajes constantes y múltiples sobre el modelo de mundo, es decir, sobre cómo es y debe ser el mundo y cómo debe comportarse uno en él. Actualmente, me parece que los mensajes que el niño recibe en el aula difieren enormemente de los que recibe fuera (de los medios de comunicación, las redes sociales, etc.); en medio, las familias se encuentran cada vez más desconcertadas y, al no saber qué modelo transmitir, se resignan a no transmitir ninguno (olvidando que esa abdicación es, en sí misma, un potente mensaje). Con esto quiero decir que creo que el papel que tienen hoy las escuelas es bastante más difícil que cuando yo era niño, y que no podrán superarlo sin la colaboración efectiva de todos.

Nadie dice que decidir sobre el modelo educativo de un país sea fácil. Pero es que, en cuarenta años, nuestros políticos han sido incapaces de ponerse de acuerdo en nada. Da auténtico pavor comprobar qué poco les preocupa la educación, qué poco conscientes son de que es absolutamente esencial para el futuro de un país. Más aún, parece que la utilizan cada vez con más encono en su eterno conflicto, con unas formas cada vez más desaforadas y unos argumentos cada vez más débiles. En otras palabras: me temo que vamos a peor. Estamos en pleno círculo vicioso: los políticos deterioran la educación y una sociedad mal educada genera políticos cada vez peores.

Parece mentira, pero, para comenzar a dar pasos en la buena dirección, no haría falta ni tan siquiera leer esta ley (cosa que estoy seguro que no han hecho la mayoría de nuestros políticos, periodistas y opinadores), porque no importa demasiado si uno está más o menos de acuerdo con tal o cual artículo. Lo que importa de verdad es estar dispuesto a debatir y acordar: no a reñir y a ganar. Lo que importa es que nos importe la educación de nuestros hijos.