Las crisis, los políticos y la memoria

Cuando la crisis financiera de 2008, se nos repitió que los males eran mayores en España que en otros países porque nuestro sistema económico tenía una excesiva dependencia de la construcción y del turismo. Como si eso se debiera al azar, o a algún oscuro designio divino. Porque a nuestros dirigentes se les olvidó mencionar que esa situación no era sino el resultado de una larga cadena de decisiones políticas (sus decisiones políticas), que comenzó –como poco– con los procesos de reconversión industrial de los ochenta y continuó con las medidas liberalizadoras de los noventa.

Algo más tarde, recuerdo a Mariano Rajoy, recientemente nombrado presidente, explicándonos que su tarea era hercúlea, porque, para salir de la crisis, tenía que dar la vuelta a un sistema productivo inadecuado. Como si eso se debiera expresamente a la gestión de Zapatero. Y también lo recuerdo, unos cuantos meses después, felicitándose públicamente porque –no se sabía si gracias a él o al Altísimo– los datos españoles del turismo y del ladrillo se estaban recuperando rápidamente. Y no puedo dejar de recordar mi estupefacción cuando nadie pareció darse cuenta del truco de trilero que acababa de colarle al país entero.

Y así hemos seguido. Ahora, con la pandemia, resulta que, una vez más, parece que España va a salir peor parada que sus vecinos, en buena medida por el gran peso relativo que, en su economía, poseen el turismo y la hostelería, que son casi los primeros sectores en caer con las obligadas restricciones. 

(Es verdad que también se ha esgrimido la mala gestión pública como razón de esa mayor afectación de la pandemia en España; pero, sin negar la mayor –quién podría alabar el proceder de nuestros políticos durante estos meses–, aún no está claro el grado de su influencia real en la crisis que nos está cayendo encima.) 

"Muchos negocios del sector no van a resistir esta crisis", avisan, con razón, los afectados. Se ve como una catástrofe (y sin duda lo es para sus profesionales), pero parece que a nadie se le ocurre que parte del problema podría ser, sencillamente, que el sector era demasiado grande, y que esa hipertrofia no era en realidad buena para la economía nacional.

En todos estos largos meses, ¿alguien ha oído a algún político, o a algún opinador público, reflexionar sobre la oportunidad que esta crisis podría representar para encarar de una vez por todas la necesaria revitalización de los sectores económicos básicos? Los pocos que lo han dicho han sido voces clamando en el desierto. Claro que hacer eso exige un plan ambicioso y bien diseñado, un compromiso firme por parte de todos, un trabajo arduo y sostenido durante mucho tiempo... Vaya, que hacer eso es muy difícil; es mucho más sencillo repartir dinero (y, de paso, se refuerzan las redes clientelares de votos). Así las cosas, de lo que se ha hablado estos meses sin parar, un día sí y otro también, ha sido de los bares, que son, al parecer, lo único que de verdad nos preocupa.

De esta crisis iremos saliendo más o menos como de la anterior: todos un poco más pobres y algunos completamente arruinados (sin olvidar a los poquísimos privilegiados que se harán de oro). Y cuando, unos años después, venga la próxima –que vendrá, que nadie lo dude–, el político de turno nos explicará, con su habitual desfachatez, que a España le toca padecerla con más virulencia que sus vecinos, debido a la "particular configuración de su sistema productivo". ¿Y saben qué es lo más increíble? Que colará.

Pandemia y hosteleros

Los hosteleros están que trinan contra las restricciones que afectan a sus negocios y reclaman muchas más ayudas que las ya prometidas. Es comprensible. En estas líneas, quiero preguntarme si es también razonable.

En primer lugar, los hosteleros afirman que se han visto poco menos que atacados por la Administración, que les ha asaetado con un sinfín de normas y cortapisas; yo, en cambio, entiendo que esas restricciones no han sido sino las lógicas y normales dada la situación. No hay que olvidar, en este sentido, dos cosas: la primera, que no estamos hablando de una actividad esencial (podría ser aceptable asumir un riesgo para ir a trabajar, pero no para beber cerveza); la segunda, que los hábitos de consumo de un bar son, de suyo, más peligrosos y menos controlables que los de otros establecimientos.

Más aún, yo diría que la hostelería ha sido tratada con especial benevolencia. Parece que se nos ha olvidado que, en cuanto se fue levantando el confinamiento de marzo, se dictaron medidas de apoyo a los hosteleros, que pudieron colocar terrazas (o ampliar las existentes) sin pagar por ellas, ocupando aceras, aparcamientos y plazas públicas. Nótese que los bares fueron los únicos establecimientos comerciales que recibieron algún trato de favor por parte de la Administración, porque, al menos durante aquellas semanas, parecía que lo único que importaba a la sociedad era dónde poder tomarse una cervecita.

En segundo lugar, los hosteleros afirman que han cumplido a rajatabla todas esas restricciones. Yo afirmo lo contrario. Y me parece bastante fácil probarlo. ¿Cuántos bares tenían las mesas a la distancia obligada? ¿Cuántas mesas y sillas han sido higienizadas después de cada uso? ¿Cuántos bares han impedido los grupos numerosos? Ninguna de estas cuestiones es opinable, sino perfectamente mensurable. (Otra cosa, y muy vergonzosa, por cierto, es que, al parecer, ninguna autoridad se haya dedicado a hacerlo.)

En este punto, conviene hacer otra matización: los hosteleros afirman que ellos no pueden ser los responsables del cumplimiento de las normas comunes en sus establecimientos (lo de las mascarillas, básicamente), porque no son agentes de la ley ni tienen poder sancionador. Y no les falta razón... aunque sólo en parte. Es verdad que no pueden obligar a nadie a cumplir normas, pero sí pueden reclamar su cumplimiento, negar el servicio a quien no las cumple, o incluso solicitar el auxilio de la autoridad pertinente. Aquí nos podría valer la experiencia de hace unos años con el tabaco. Con todo, el caso es que no hace falta recurrir a las mascarillas para afirmar que los hosteleros no han cumplido las normas, porque quedan todas las demás. ¿De quién dependía su cumplimiento, sino de ellos mismos? 

Según mi experiencia, sólo unos pocos bares han cumplido con todas las exigencias, mientras que bastantes más se las han pasado por el arco de triunfo; entre esos dos extremos, la mayoría de los bares ha cumplido las normas de una manera más o menos parcial. Por ejemplo, en mi localidad yo sólo conozco dos bares que se han esforzado por cumplir todas las normas, mientras que podría mencionar más de media docena que las han incumplido olímpicamente desde el primer día. (Otro detalle de mi localidad sobre el trato de favor a la hostelería: al bajar la persiana, los bares han dejado las mesas y las sillas en la calle; ¿acaso yo puedo guardar en la calle durante un mes los trastos que me estorban en casa?)

Sólo los pocos hosteleros que han cumplido con sus obligaciones tienen el derecho a reclamar las ayudas comunes; quien no cumple con sus obligaciones pierde ese derecho. Sin embargo, aquí se trata por igual a todos. De hecho, me atrevería a suponer (porque así sucede tantas veces) que quien con más fiereza reclama ahora la ayuda pública es seguramente quien con más desfachatez ha faltado a sus obligaciones, mientras que el esforzado cumplidor apenas levantará la voz para solicitar –nunca exigir– ayudas. De todas maneras, en esto nuestros gobernantes han fallado, una vez más, estrepitosamente: no sólo no se han ocupado de que se cumplieran sus propias normas, sino que ni tan siquiera saben quién lo ha hecho y quién no.

En definitiva, creo que no va a quedar más remedio que ayudar con más dinero a los hosteleros, y me temo que va a ser imposible hacer distingos entre ellos. Pero nos debería quedar clara una cosa: ayudar por igual a quien lo merece y a quien no, premiar o castigar por igual a justos y pecadores, no es construir una sociedad más solidaria, sino más injusta.

El nuevo estado de alarma (segunda parte)

El aspecto tal vez más polémico del Real Decreto 926/2020 es el del plazo del estado de alarma, que se establece para quince días, pero que se pretende ampliar hasta los seis meses. En este punto se ha armado, una vez más, la marimorena. Todos a la derecha del PSOE han clamado contra la imposición tiránica y liberticida de Sánchez. Olvidan, sin embargo, que no se trata de ninguna imposición, sino sólo de una propuesta para presentar ante el Parlamento. Los diferentes grupos parlamentarios pueden también presentar las suyas. Y lo que el Congreso finalmente apruebe se supone que reflejará la soberanía popular. ¿O no somos todos demócratas de toda la vida?

Resulta tan llamativo como penoso que las rasgaduras de vestidura hayan sido más rotundas cuanto más a la derecha. Así por ejemplo, destacados políticos de Vox dejaban perlas como que el gobierno quiere acabar no sólo con la constitución, sino con las libertades y los derechos de los españoles (Herman Tertsch), o  que España avanza por el camino del totalitarismo, con el apoyo de los medios y políticos del consenso; en Venezuela ya conocen esta película (Iván  Espinosa de los Monteros). Incluso algún medio afín dejaba un titular sencillamente falso: Sánchez decreta un nuevo estado de alarma de 6 meses con toque de queda obligatorio hasta el 9 de noviembre (Libertad Digital). ¡Qué cosas! Nostálgicos del franquismo con pretensiones totalitarias, disfrazados de adalides de la libertad. Como tantas otras veces, se cumple el viejo dicho de que habla más quien menos debe.

Superado este primer escollo (donde algunos se quedan atorados, como hemos visto), toca ahora considerar las razones por las que Sánchez propone el plazo de seis meses. Para ello, no podemos olvidar las trifulcas que se montaron durante el anterior estado de alarma cada vez que se discutía su prórroga en el Congreso. La oposición utilizó estos debates para atacar sin piedad al gobierno (no tanto a su gestión, y mira que era fácil), de modo que la necesaria continuidad de la medida de excepción estuvo no pocas veces en la cuerda floja. Con esa experiencia previa, es comprensible que Sánchez intente evitarse estos malos tragos. Claro que también él trata de aprovecharse de las circunstancias y salir del Congreso con una carta blanca para un plazo sin duda excesivo. (Tal vez un plazo de seis meses no acabe siendo, desgraciadamente, excesivo; pero la desmesura está en establecerlo de antemano.) En definitiva, aquí sucede también lo del dicho popular: se juntan el hambre con las ganas de comer.

Si por mi fuera, votaría no a un plazo de seis meses, pero no me opondría a otro mayor de quince días. Todo puede discutirse. Lo que no debe suceder, bajo ningún concepto, es que se repitan los bochornosos espectáculos de las anteriores prórrogas. Nos jugamos demasiado como para consentirlo.

El nuevo estado de alarma (primera parte)

Ya tenemos otro estado de alarma, con las restricciones correspondientes. Lo han vuelto a hacer: puesto que con las medidas anteriores no se ha conseguido nada, endurecemos las medidas. ¿Pero por qué las medidas anteriores no han conseguido nada? Ah, sobre eso, ni media palabra. Los gobernantes vuelven a escamotear, una vez más, su responsabilidad. Por una parte, si las medidas eran insuficientes, es su falta; por otra, si las medidas eran adecuadas, pero no se cumplían, la responsabilidad es doble: de quien las incumple, en primer lugar, y de quien tenía la responsabilidad de hacerlas cumplir, en segundo lugar. Se mire como se mire, nuestros gobernantes no pueden salir incólumes de esta situación. La declaración del estado de alarma no es sino la constatación de su incapacidad. 

La crítica debe abarcar tanto a gobernantes como a gobernados. Pero tampoco debe olvidarse que las responsabilidades de unos y otros no son comparables. Además del gobierno central y los autonómicos, me parece que no se ha enfatizado como merece la responsabilidad de los Ayuntamientos, que son los que más directamente deben hacer cumplir las medidas, y que, a mi modo de ver, están haciendo, en general, una clara dejación de su responsabilidad.

De las restricciones que se exponen en el Real Decreto que declara el estado de alarma, la que parece más importante –a juzgar por la polvareda mediática que ha levantado– es la del toque de queda. A mí, la verdad, la cosa me deja algo confuso. Veamos: en mi Comunidad, desde el 18 de agosto, los bares debían cerrar a la una, pero sin que nadie pudiese entrar o pedir nada desde las doce. No veo, pues, gran diferencia con lo de ahora. Por otra parte, en cuanto los bares cerraban, ¿por qué permanecía tanta gente en la calle (¡y sin mascarilla!), si estaba prohibido consumir y formar grupos de más de 10 personas? Si de verdad el ocio nocturno era el caldo de cultivo para una buena parte de los contagios (como se lee en el capítulo II del Real Decreto), no era sino porque no se cumplían las normas establecidas. ¿Y quién era el responsable de hacerlas cumplir? Volvemos al punto inicial.

Pero eso no es todo. Yo no sé si es en la actividad nocturna donde se ha observado un relajamiento importante de las medidas estipuladas (R.D. 926/2020, cap. II, p. 91913), pero sí sé que las medidas también se han incumplido en la actividad diurna; y que las autoridades, también por el día, han abdicado de su responsabilidad para hacer cumplir sus propias normas. Con el toque de queda, no sé lo que va a pasar por la noche, pero no tengo ningún motivo para creer que las cosas vayan a variar de seis a once.

El abecé del mando dice que no puede darse una orden que no se esté en condiciones de hacer cumplir.  Toda prohibición gubernativa debe ir acompañada de la previsión para su cumplimiento, aunque todos somos conscientes de que, en esta situación excepcional, no podrá conseguirse al cien por cien. Sin esa segunda parte, las restricciones son un puro desideratum, un mero brindis al sol.

En definitiva, esta medida del toque de queda me parece algo parecido a prohibir la circulación para evitar los accidentes de tráfico: efectivo, sin duda, pero también una implícita declaración de impotencia e incompetencia.

De bancos, injusticias y deberes

De niño creía, inocente de mí, que un banco era un sitio en el que yo podía depositar mi poquito dinero para que estuviera seguro. Los profesionales del banco, juntando los muchos pocos de la gente como yo, eran capaces de hacer grandes negocios, completamente vedados para mí, y obtenían así pingües ganancias, que nos repartíamos: a mí me daban una pequeña parte y el resto, descontando los gastos de su gestión y mantenimiento, constituía su beneficio. El truco estaba en que era el banco quien decidía los porcentajes del reparto y ni tan siquiera lo comunicaba a sus clientes, de modo que era lógico sospechar que ellos se quedaban casi con todo y a mi me devolvían unas migajas. Pero, sea como fuese, el caso es que las dos partes ganaban. Unos más que otros, sí, pero ganábamos ambos.

En los últimos años, sin embargo, la cosa ha cambiado. Los bancos han ido pervirtiendo cada vez más las condiciones iniciales del trato. Ahora, los costes de su trabajo no los descuentan de su parte del reparto (es decir, de su beneficio), sino que me los cobran directamente: me cobran por coger mi dinero, me cobran por tener mi dinero guardado, me cobran por hacer negocios con mi dinero y me cobran por devolvérmelo. (Por supuesto, sé que todo esto no es exactamente así a día de hoy en todas las entidades financieras; pero creo no faltar a la verdad en las líneas generales.)

Además de cobrarme directamente sus gastos, aumentando así sus beneficios, los bancos han reducido hasta la vergüenza el porcentaje que me devuelven, de modo que ahora tampoco se cumple  la primera premisa del tinglado: que mi dinero esté seguro. Porque cuando el interés que obtengo se queda muy por debajo de la inflación, estoy perdiendo mi dinero. Los bancos tratan de justificarse aludiendo a las circunstancias externas (el precio del dinero, etc.), pero sus razones no resultan creíbles cuando los beneficios de la entidad aumentan año tras año. 

Por tanto, el resultado de este proceso es que el trato básico ha sido modificado por una de las dos partes, sin permiso de la otra y en contra de sus intereses: ahora ellos ganan (cada vez más) y yo pierdo.

Otra salvedad: ya sé que esto no sucede si el dinero que uno confía al banco supera determinada cantidad. Pero esta particularidad, o excepción a la regla general, lejos de disminuir el escándalo, lo agrava.

En castellano, la palabra fetén para describir todo esto es, sencillamente, "robo". Hilando un poco más fino, podría plantearse si le convendría más la palabra "hurto", por aquello de que el banco no ejerce violencia ni fuerza. Pero, para ser hurto, también tiene que haber ausencia de intimidación. Y resulta muy difícil no verla, cuando los clientes carecemos del menor margen de maniobra y sólo podemos sacar (pagando) nuestro dinero de un banco... para llevarlo (pagando) a otro. Así mirado, puede que la palabra más ajustada sea otra: "extorsión". 

Por supuesto, un experto en derecho podría hacer correr ríos de tinta acerca de todas estas cuestiones. El caso es que la ley puede decir lo que quiera, pero, en román paladino, cuando uno se queda con el dinero del otro en contra de su voluntad, le está robando. Y eso, por si a alguien le cabe alguna duda, está muy mal. Lo increíble –lo indignante– es que las leyes nacionales e internacionales toleren y bendigan el robo y la injusticia.

¿Qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer? No debemos centrarnos en el castigo que merecen los culpables (por muy tentador que resulte), sino en cambiar las leyes para que lo injusto no sea legal. Y eso no se consigue arrojando piedras a las sucursales, ni quemando cajeros automáticos, sino con la herramienta de siempre: educación. Hay que procurar que cada vez más gente sea consciente de las cosas, las comprenda y sepa qué hay que hacer para forzar los cambios precisos. Tenemos que conseguir que nuestros políticos asuman la tarea y tenemos que apoyarlos cuando la emprendan. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Porque lo que tiene que cambiar, en definitiva, es el equilibrio de poder entre la política y el capital. Nuestras sociedades deben volver a ser democracias (como si eso fuese una panacea) y dejar de ser lo que actualmente son: una plutocracia con urnas en los balcones.

De discusiones, riñas y periodistas

Discutir o debatir un asunto es una de las actividades humanas más nobles y elevadas. En un debate, uno ofrece al otro sus razones para que éste las examine y, eventualmente, las corrija o las refute. El objetivo del debate no es rechazar las razones del otro, ni hacer que éste reconozca que estaba equivocado –es decir, ganar–, sino conseguir ambos una mejor comprensión del asunto tratado; en definitiva, acercarse a la solución del problema, a la verdad (si es que eso es posible).

Cuando uno encara así un debate, cree que tiene razón, le gustaría tener razón, pero sabe que puede no tenerla; por tanto, está dispuesto a examinar con ecuanimidad las razones del otro, e incluso a adoptarlas si le convencen. Y en hacer eso no encuentra ningún desdoro, sino, por el contrario, un motivo de satisfacción personal, porque se ha demostrado capaz de aprender. Lo resumió muy bien La Rochefocault: Dejamos de tener razón cuando ya no esperamos encontrarla en los demás.

Así entendida, una discusión pone en acción las mejores cualidades del individuo: su inteligencia, su capacidad de análisis, pero también su humildad, su sinceridad, su bonhomía. Por eso es una de las actividades humanas más excelsas. Y por eso es tan difícil.

En el ámbito público, de políticos, periodistas y analistas (sea eso lo que sea), me parece que nunca como ahora –al menos en mi memoria, que se va acercando al medio siglo– se ha estado tan lejos del ideal anterior. Ahora lo único que importa es ganar, ganar como sea. Cuando un Parlamento debate una ley (lo que, curiosamente, cada vez parece hacer menos), los políticos no persiguen mejorar el texto final, sino ganar (¿popularidad, votos?) o, incluso peor, hacer que los otros pierdan. Además, la crónica periodística de ese debate no pretenderá explicar a los ciudadanos las diferentes propuestas, con sus pros y sus contras, sino que se fijará casi exclusivamente en la riña más bronca, y lo hará en no pocas ocasiones de la manera más parcial  y tendenciosa posible. 

Esto explica que cada vez con mayor frecuencia puedan encontrarse titulares del tipo X destroza a Y. (Por supuesto, la fórmula posee infinidad de variantes: varapalo, chorreo, repaso de X a Y; X humilla a Y, le saca las vergüenzas, descubre sus mentiras, le pone en evidencia... Para eso sí que los periodistas parecen dominar el idioma.) Además, por la parcialidad ya comentada, puede suceder que, ante un mismo hecho, un periódico titule X destroza a Y y otro, Y destroza a X. De esta manera, mientras nos fijamos en la riña, nos han colado una trampa formidable: la noticia ya no es lo que alguien ha dicho o hecho, sino la opinión que eso le merece al periodista. De esta manera, proliferan los titulares que en modo alguno se corresponden con lo que luego se dice en el cuerpo de la noticia (y menos aún, por supuesto, con el hecho en sí).

Un ejemplo: estos días pasados se ha organizado bastante revuelo, y se han escrito bastantes titulares, a partir de que un diputado "insultara" al Rey en el Congreso. Sin embargo, si uno ve el vídeo de su intervención, comprueba que ese diputado enunció dos cosas: un hecho y una opinión (aunque ciertamente las presentó ambas como hechos). El hecho: que Franco eligió a Juan Carlos para que le sucediera como Rey; la opinión: que Felipe es simpatizante de Vox. Lo que dijo ese diputado, y cómo lo dijo, puede parecer bien o mal, pero no es, se mire como se mire, un insulto. Sin embargo, la riña continúa a partir de la asunción de que el Rey ha sido insultado en el Congreso. Ejemplos como éste los hay a toneladas.

En definitiva, detrás del titular de X destroza Y, puede que lo que haya es, sencillamente, que X no está de acuerdo con Y; pero también que quien no está de acuerdo sea el propio periodista. A veces, incluso, se trata de algo todavía más simple: que el periodista detesta a Y.

Este periodismo no busca ampliar nuestra mirada, ayudarnos a comprender mejor las cosas, sino, por el contrario, persigue reafirmar nuestros juicios previos (vale decir, prejuicios), aumentar el tamaño de nuestras orejeras, reducir nuestra capacidad de análisis y comprensión, de modo que nuestra mirada sobre las cosas sea cada vez más corta y monocolor, más dependiente de la manada.

Lo que no puede sino llevarnos a la terrible conclusión de que somos cada día más tontos. Y así nos va.

El debate presidencial

He seguido el tratamiento que ha recibido en diferentes medios de comunicación el debate presidencial americano de Donald Trump y Joe Biden. En líneas generales, se han presentado dos versiones decididamente antagónicas: para unos, Trump se ha mostrado como un saco de mentiras marrullero y faltón, que ha sacado de quicio con sus estratagemas barriobajeras no sólo a Biden, sino incluso al propio moderador (el periodista Chris Wallace); para otros, Trump ha tenido que defenderse de las encerronas que, en vergonzosa connivencia, le habían preparado Biden y Wallace, y lo ha conseguido con gallardía e inteligencia, desenmascarando las continuas trampas de sus adversarios. Para los primeros, Trump se ha descalificado absolutamente como candidato; para los segundos, el descalificado es Biden.

Sé que las cosas no son unívocas, que la mirada construye el objeto observado, etc. Por tanto, es normal que haya diferentes maneras de entender el desarrollo de un debate. Pero que puedan darse interpretaciones tan incompatibles me parece asombroso. Digamos que entiendo que lo que para uno es amarillo para otro sea verde, pero me asombra que uno vea blanco donde otro ve negro. 

Muchas de estas crónicas periodísticas, al menos las más extremadas, parecen no poder ser explicadas sino desde la psicología clínica, porque sólo un serio trastorno puede afectar tanto la percepción humana. Claro que siempre queda la otra posibilidad: la de la tergiversación interesada y la mentira. Eso ya no es asombroso, sino vergonzoso, y debería ser combatido, incluso legalmente, de ser posible. 

Además, me temo que una buena parte de los lectores de unos y de otros creerán a pies juntillas la versión de cada caso, puesto que la crónica que leen no habrá hecho sino reforzar su convicción previa. Y eso, más que asombroso o vergonzoso, me parece peligroso.

En definitiva, ¿qué ha pasado en este debate? Para poder contestar debidamente esa pregunta, hay que ver atentamente el vídeo (de hora y media, y obviamente en inglés), leer con cuidado las diferentes crónicas, volver a comprobar en el vídeo lo que comenta cada periodista, tratar de entender las razones de cada cual… Para contestar la pregunta, en suma, hay que trabajar y tener además ciertas capacidades. Y nos topamos así con el probable quid de la cuestión: descontando a los que no quieren y a los que no pueden, ¿cuántas personas quedan que sean capaces de contestar debidamente la pregunta, y de quienes nos podamos, por tanto, fiar? Y, para más inri, ¿alguna de esas es periodista?