Pandemia y hosteleros

Los hosteleros están que trinan contra las restricciones que afectan a sus negocios y reclaman muchas más ayudas que las ya prometidas. Es comprensible. En estas líneas, quiero preguntarme si es también razonable.

En primer lugar, los hosteleros afirman que se han visto poco menos que atacados por la Administración, que les ha asaetado con un sinfín de normas y cortapisas; yo, en cambio, entiendo que esas restricciones no han sido sino las lógicas y normales dada la situación. No hay que olvidar, en este sentido, dos cosas: la primera, que no estamos hablando de una actividad esencial (podría ser aceptable asumir un riesgo para ir a trabajar, pero no para beber cerveza); la segunda, que los hábitos de consumo de un bar son, de suyo, más peligrosos y menos controlables que los de otros establecimientos.

Más aún, yo diría que la hostelería ha sido tratada con especial benevolencia. Parece que se nos ha olvidado que, en cuanto se fue levantando el confinamiento de marzo, se dictaron medidas de apoyo a los hosteleros, que pudieron colocar terrazas (o ampliar las existentes) sin pagar por ellas, ocupando aceras, aparcamientos y plazas públicas. Nótese que los bares fueron los únicos establecimientos comerciales que recibieron algún trato de favor por parte de la Administración, porque, al menos durante aquellas semanas, parecía que lo único que importaba a la sociedad era dónde poder tomarse una cervecita.

En segundo lugar, los hosteleros afirman que han cumplido a rajatabla todas esas restricciones. Yo afirmo lo contrario. Y me parece bastante fácil probarlo. ¿Cuántos bares tenían las mesas a la distancia obligada? ¿Cuántas mesas y sillas han sido higienizadas después de cada uso? ¿Cuántos bares han impedido los grupos numerosos? Ninguna de estas cuestiones es opinable, sino perfectamente mensurable. (Otra cosa, y muy vergonzosa, por cierto, es que, al parecer, ninguna autoridad se haya dedicado a hacerlo.)

En este punto, conviene hacer otra matización: los hosteleros afirman que ellos no pueden ser los responsables del cumplimiento de las normas comunes en sus establecimientos (lo de las mascarillas, básicamente), porque no son agentes de la ley ni tienen poder sancionador. Y no les falta razón... aunque sólo en parte. Es verdad que no pueden obligar a nadie a cumplir normas, pero sí pueden reclamar su cumplimiento, negar el servicio a quien no las cumple, o incluso solicitar el auxilio de la autoridad pertinente. Aquí nos podría valer la experiencia de hace unos años con el tabaco. Con todo, el caso es que no hace falta recurrir a las mascarillas para afirmar que los hosteleros no han cumplido las normas, porque quedan todas las demás. ¿De quién dependía su cumplimiento, sino de ellos mismos? 

Según mi experiencia, sólo unos pocos bares han cumplido con todas las exigencias, mientras que bastantes más se las han pasado por el arco de triunfo; entre esos dos extremos, la mayoría de los bares ha cumplido las normas de una manera más o menos parcial. Por ejemplo, en mi localidad yo sólo conozco dos bares que se han esforzado por cumplir todas las normas, mientras que podría mencionar más de media docena que las han incumplido olímpicamente desde el primer día. (Otro detalle de mi localidad sobre el trato de favor a la hostelería: al bajar la persiana, los bares han dejado las mesas y las sillas en la calle; ¿acaso yo puedo guardar en la calle durante un mes los trastos que me estorban en casa?)

Sólo los pocos hosteleros que han cumplido con sus obligaciones tienen el derecho a reclamar las ayudas comunes; quien no cumple con sus obligaciones pierde ese derecho. Sin embargo, aquí se trata por igual a todos. De hecho, me atrevería a suponer (porque así sucede tantas veces) que quien con más fiereza reclama ahora la ayuda pública es seguramente quien con más desfachatez ha faltado a sus obligaciones, mientras que el esforzado cumplidor apenas levantará la voz para solicitar –nunca exigir– ayudas. De todas maneras, en esto nuestros gobernantes han fallado, una vez más, estrepitosamente: no sólo no se han ocupado de que se cumplieran sus propias normas, sino que ni tan siquiera saben quién lo ha hecho y quién no.

En definitiva, creo que no va a quedar más remedio que ayudar con más dinero a los hosteleros, y me temo que va a ser imposible hacer distingos entre ellos. Pero nos debería quedar clara una cosa: ayudar por igual a quien lo merece y a quien no, premiar o castigar por igual a justos y pecadores, no es construir una sociedad más solidaria, sino más injusta.