Factores de mi descontento

Acabo de caer en la cuenta de que mi descontento con la gestión pública de la pandemia crece con la proximidad. Estoy insatisfecho con el gobierno central, enfadado con el autonómico e indignado con mi ayuntamiento. No sé por qué me sucede esto, pero voy a ensayar una respuesta.

Me indigna que mi ayuntamiento no sea capaz de hacer algunas cosas muy sencillas, como, por ejemplo, comprobar que los bares de la localidad cumplan con las normas impuestas por la pandemia. Está claro lo que hay que hacer, es muy fácil realizarlo... Entonces, ¿por qué no lo hacen?

La gestión de mi gobierno autonómico en asuntos tan importantes como la sanidad y la educación no me convence. En algunos aspectos, de hecho, me parece muy desafortunada. Sin embargo, reconozco que son asuntos difíciles y que tampoco estoy seguro de tener la razón. Por tanto, estas actuaciones (o también la falta de actuación) me enfada, pero no puedo llegar a sentirme indignado.

En el caso del gobierno central, la complejidad de la gestión aumenta exponencialmente, y también, por tanto, mi incertidumbre sobre lo que debe hacerse. Así las cosas, y aunque podría fijarme en actuaciones concretas indudablemente reprobables, tiendo a mirarlo todo con mayor benevolencia.

Ya está: parece que me enfada más que fallen en cosas pequeñas, concretas y fáciles, que en asuntos grandes, complejos y difíciles. ¿Mi reacción es lógica o, por el contrario, demuestra que mi mirada no es tan sagaz como debería?

Sorprendentes descubrimientos

Uno de los posibles efectos positivos de la crisis provocada por la pandemia es que nos enfrenta a un retrato descarnado de nuestra realidad, en el que podemos apreciar con contornos más nítidos algunas de las cualidades que la costumbre había vuelto difusas para nuestra mirada.

En estas semanas, el coronavirus ha sido el tema principal y casi único de nuestra vida pública. ¿Hemos debatido acerca de las estrategias de apoyo a la industria? ¿Sobre los mejores planes de reactivación comercial? ¿Hemos reflexionado sobre la sanidad, sobre la educación? No, nada de eso: nos hemos ocupado de los bares. Lo que de verdad parece importarnos son las terracitas y las discotecas. ¿Y de verdad nos sorprende que nos vaya mal?

Asumimos como normales cosas que no lo son. No es normal que nos preocupe el ocio más que el negocio. No es normal que apenas sepamos relacionarnos fuera de los bares. No es normal que haya miles de jóvenes que pasen fuera de casa las noches de casi todas las jornadas festivas, y que dediquen los días a reponerse de los excesos cometidos. No es normal que tantos jóvenes dispongan de tantísimo dinero para su ocio. No es normal que los vecinos deban soportar sin protestar los problemas que genera la fiesta nocturna de unos pocos (siempre los mismos). No es lógico que antepongamos el supuesto derecho al ocio de unos al bienestar de todos. Y es muy equivocado equiparar ocio con fiesta.

En términos generales, no es normal haber renunciado a ser los constructores de nuestro propio ocio, para limitarnos a consumir el ocio que otros preparan para nosotros, ya sea gratis o pagando. Hasta tal punto hemos interiorizado esto, que exigimos al poder público que dedique cada vez más tiempo y dinero a prepararnos alternativas de ocio (las fiestas patronales son un buen ejemplo), de modo que acabamos entendiendo que nuestra petición es un derecho.  

En este punto, además, nos encontramos con la curiosa relación que establecemos entre el ocio y la edad. Aceptamos con normalidad que un joven necesite dedicar una buena parte de su tiempo al ocio, que en muchas ocasiones este ocio no pueda sino resultar molesto o gravoso para la comunidad, y que la autoridad pública deba, por una parte, dedicar esfuerzos a promover actividades de ocio para este joven y, por otra, ser tolerante con los problemas que genere. Todo esto se ve con normalidad, repito, si el individuo en cuestión tiene 20 años, pero no si tiene 60. ¿Por qué? 

El llamado ocio nocturno, que incluye algunas acciones no precisamente edificantes, y además ahora resulta peligroso para la salud pública, dista mucho de ser un derecho para nadie. Pero es habitual escuchar justificaciones como: “son jóvenes, algo tienen que hacer, nadie les da otras alternativas”. Nada de esto me parece normal.

Hay más descubrimientos sobre nosotros mismos que podríamos tratar. Por ejemplo, no es normal que millones de personas se sientan impelidas a viajar cada vez con más frecuencia a lugares cada vez más recónditos del planeta. 

¿Quién quiere seguir ampliando la lista?

Nuevas medidas

Ya tenemos nuevas medidas contra la expansión de la pandemia. O lo que es lo mismo: las medidas anteriores, que la administración defendió durante algunas semanas como suficientes, se han mostrado ineficaces. ¿Alguna explicación al respecto? Ninguna, por supuesto, salvo la velada acusación de que ha sido culpa nuestra, por no cumplirlas. Sin responsabilidad alguna por su parte.

Y en este punto, sucede, una vez más, la maravilla: como las reglas no se han cumplido, ponemos otras. ¿Alguien se pregunta por qué no se han cumplido las anteriores? No. ¿Alguien se pregunta si se van a cumplir las nuevas? Tampoco. Pero, con el cambio, parece que ya han cumplido con su responsabilidad.

En el caso esta pandemia, los comportamientos peligrosos que yo me he hartado de ver todos estos días ya estaban prohibidos antes, pero nadie se ocupaba de ello. ¿Qué me hace suponer que será distinto a partir de ahora? Tal vez la cosa cambie en las madrugadas (yo estoy dormido entonces), pero tampoco veo muy importante prohibir taxativamente a partir de una determinada hora los comportamientos que nadie se ha preocupado por evitar antes de esa misma hora.

Este procedimiento no se limita a este caso, sino que constituye una norma general en nuestra sociedad: cuando una ley no se cumple, ponemos otra. Como los coches no cumplen una limitación de velocidad, bajamos ese límite. Como los establecimientos no cumplen el horario de cierre, adelantamos el horario. Como algunos trabajadores no cumplen con sus obligaciones, aumentamos la carga laboral, o endurecemos los controles a todos. Los ejemplos podrían amontonarse. Especialmente llamativo es, a mi juicio, el caso de la educación. Cada pocos meses cambiamos una ley de educación que no ha podido desarrollarse, tanto por falta de medios como de tiempo material, por otra ley que tampoco podrá desarrollarse, por los mismos exactos motivos. 

Esto nos conduce a otra observación general: los políticos actúan como si fueran el mismísimo Yahvé: “fiat”, hágase. Olvidan que este proceder sólo podría tener alguna posibilidad de éxito en caso de omnipotencia. Olvidan que con escribir algo en un papel todavía no se ha hecho nada, o casi nada: hace falta poner los medios para que pueda cumplirse, hace falta trabajar para ello, hace falta revisar su cumplimiento, hace falta tener previstos los retoques que la experiencia pueda aconsejar, etc. Pero ni ellos lo hacen, ni nosotros nos damos cuenta de la engañifa. Así nos va.

El retrato del Covid

Parece bastante claro que la gestión española de la crisis del Covid-19 deja mucho que desear. El primer responsable es, desde luego, Sánchez y su gobierno, con sus vaivenes, chapuzas y medias verdades (eso, siendo benévolo). ¿Es el único? De ningún modo. La gestión de la sanidad pública es, en cada autonomía, competencia exclusiva de su respectivo gobierno. Por tanto, todos los debes –y hay muchos– de la atención sanitaria, el diagnóstico, la prevención, etc. corresponden a cada gobierno autonómico. ¿Termina la responsabilidad con el gobierno central y los autonómicos? De ningún modo. En cada localidad, es la autoridad municipal la encargada de velar por el cumplimiento de las medidas de prevención y seguridad adoptadas. Y, al menos en mi entorno, los ayuntamientos han hecho una clara dejación de su obligación. Gobierno central, autonomías, ayuntamientos… ¿Está ya completa la lista de responsables? De ningún modo. Los ciudadanos son los primeros responsables del cumplimiento de las normas. Y, en términos generales, ese cumplimiento ha sido y está siendo muy insuficiente.

Así pues, esta crisis nos retrata a todos. Y todos salimos mal en la foto. Sin embargo, todos nos negamos a asumir nuestra cuota en el desaguisado; antes al contrario, somos inflexibles en la crítica a los demás, o al menos a aquellos que nos caen mal. En este sentido, la gresca constante entre el gobierno central y el de la Comunidad de Madrid es de auténtica antología… del bochorno. Por supuesto, asumir que todos tenemos culpa no equivale a que la culpa deba repartirse entre todos a partes iguales, puesto que los deberes y las responsabilidades son muy diferentes según los casos.

Esto es lo que somos: no hay buenos gobernantes con malos gobernados, ni buenos gobernados con malos gobernantes; tampoco hay gobernantes buenos en un lugar o en un nivel jerárquico y malos en los demás. La crisis revela una terrible verdad sobre nuestra sociedad: no hay ni buenos ciudadanos, ni buenos gobernantes. Y ahora mismo no importa demasiado decidir cuál es la causa y cuál el efecto.

No nos debemos quedar en la crítica, sino pasar a la acción, que no supone otra cosa que cumplir cada uno con su deber y procurar que el vecino haga lo mismo. Y así como los gobernantes tienen sus armas para hacer que los ciudadanos cumplan las reglas (policías, multas, etc.), los ciudadanos tenemos un arma poderosa para obligar a los gobernantes a cumplir con su deber: el voto. Que comportarse como unos cantamañanas sin escrúpulos ni vergüenza no les salga gratis.

Del Rey, los chanchullos y la estulticia nacional

O sea que ahora nos hemos enterado de que el rey Juan Carlos estaba –presuntamente, por supuesto– enredado en comisiones fraudulentas y chanchullos económicos varios.  ¡Hay que ver! ¿Y dónde habíamos estado metidos estos últimos cuarenta años? Porque la cosa ha sido todo este tiempo igual de evidente que ahora. Más aún, en todos estos años siempre habíamos mandado callar a los pocos que lo decían en voz alta. Pero ahora sí, ahora lo vemos claro. ¡Qué maravilla! Y parece que a nadie se le ocurre dar con la pregunta obvia: ¿quién y por qué nos había puesto la venda en los ojos, y quién y por qué nos la ha quitado ahora? Aunque tengo algunas ideas al respecto, no puedo, lamentablemente, contestar a esas preguntas.

A mi modo de ver, el quid de la cuestión es que el rey cometió las sinvergonzonerías que se le atribuyen sencillamente porque podía. Y, para el caso, daría igual que no las hubiera cometido (lo que, incluso, podría llegar a ser verdad). Porque si no, las podría cometer el actual. O la siguiente. Y eso es así por la famosa inviolabilidad, que ha devenido en impunidad. ¿Qué habría que hacer? Obviamente, redactar mejor las disposiciones legales pertinentes, para salvaguardar los aspectos lógicos de esa inviolabilidad, pero sin que ello suponga una gatera para la total impunidad. En definitiva, para que pueda ser verdad aquello de “la ley es igual para todos”, que en boca de Juan Carlos sonaba irremediablemente a sarcasmo.

Una vez más, nuestros políticos (y los medios de comunicación, es decir, los hinchas de los políticos), lejos de aclarar esta confusión, la propagan. ¿Qué hacen con respecto a este asunto? Lo mismo que con todo lo demás: reñir. Utilizan todo como excusa o como combustible para su eterna escenificación, que no persigue sino el poder, o al menos sus migajas. En el parlamento, los políticos discuten (en el peor sentido de la palabra) sobre crear o no una comisión, sobre descolgar o no un retrato, es decir, sobre asuntos sin duda susceptibles de ser discutidos y en modo alguno carentes de importancia, pero que no son trascendentales y, sobre todo, no son los que de verdad les corresponden. ¿O es que han olvidado que ellos son el poder legislativo? Su función no es probar si los hechos que se le atribuyen al rey anterior son ciertos, sino modificar la ley para que no puedan suceder en el futuro. ¿Tan difícil es entenderlo? ¿De verdad no lo entienden? Porque cabe otra posibilidad: que, sencillamente, no quieran. 

Evaluar al gobierno

Si tuviera que evaluar, de cero a diez, la gestión del gobierno con la dichosa pandemia, le pondría… no sé… tal vez un cuatro. Suspenso. Pero la mía sería siempre una nota muy dudosa, principalmente por tres razones: todavía no ha acabado el examen (es largo y complejo); todavía no he leído el examen del resto de la clase (es decir, los demás países del mundo); y tengo que reconocer que yo tampoco sé las respuestas correctas.

Por tanto, lo único que tengo claro es que, cuando todo haya acabado, cuando también sepa todo lo que han contestado los demás examinandos, y –sobre todo– cuando los “profesores” nos hayamos puesto de acuerdo en cómo había que haber contestado, entonces, y sólo entonces, estaré en condiciones de poner la nota definitiva, que podrá ser un cuatro o tal vez mucho más… o muchos menos.

Así las cosas, comprendo fácilmente a quien pondría una nota diferente de la mía, pero me fascina que haya tantos que estén completamente seguros de que el alumno merece un cero, la expulsión del colegio, y aún les parezca poco castigo. ¿Cómo se puede ser tan poco razonable? ¿O tal vez convendría utilizar alguna otra palabra?

Universidad y violencia contra las mujeres

El pasado 25 de noviembre de 2018, los 51 miembros de la Red de Unidades de Igualdad de Género de las Universidades Españolas para la Excelencia Universitaria (RUIGEU) firmaron un Manifiesto con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Puede leerse en https://www.uv.es/ruigeu2/MANIFIESTO25N_2018.pdf. Me gustaría repasar rápidamente algunos de los dislates que, a mi juicio, contiene el documento.

1. Comienza el Manifiesto hablando de la lucha contra todo tipo de violencia sobre las mujeres, violencias que están asentadas sobre las desigualdades entre hombres y mujeres, construidas culturalmente mediante prácticas discriminatorias. Es decir, según la RUIGEU, todas las violencias nacen de la desigualdad, no cabe por tanto un acto violento contra una mujer que no esté asentado sobre la desigualdad. Esto es sencillamente falso.

2. La RUIGEU entiende que un objetivo prioritario de las universidades debe ser colaborar con los poderes públicos y la sociedad en su conjunto para poner fin a las violencias ejercidas contra las mujeres. Por eso, afirma que las universidades tenemos como núcleo irrenunciable de actuación, el principio de igualdad. A mi modo de ver, esto es un grave error de concepto. 

Por supuesto que el principio de igualdad debe ser observado en la universidad. Ese principio, y otros muchos. Pero esa observancia en ningún caso debe ser el núcleo de su actuación. A quién podría parecerle mal que la universidad colabore en la erradicación de la violencia (contra las mujeres y contra quien sea). Pero eso no ha de ser de ningún modo un objetivo prioritario. La universidad está para otras cosas.

3. La RUIGEU insiste en la necesidad de acabar con todo tipo de agresiones, abusos y acosos sexistas en las universidades. De lo que cabe deducir que estos hechos se producen con cierta frecuencia. Yo, sin embargo, creo que, de existir, son excepcionales. Por supuesto, puedo estar equivocado (o mal informado). Pero en lo que sí creo tener razón es en lo siguiente: si hoy se da un caso de esos en cualquier universidad, ésta tiene plena capacidad de actuación. No necesita hacer manifiestos, ni pedir nada: basta con que cumpla con su obligación ciudadana; cuenta para ello con su propia reglamentación y el recurso a la justicia ordinaria. Afirmar que todo esto existe cotidianamente en la universidad no es sino reconocer su propia culpa. ¿Qué pasa, que actúas mal? Pues cállate y actúa bien…

4. La RUIGEU entiende que la universidad debe formar a todos sus alumnos en las competencias y destrezas necesarias para este indispensable cambio social hacia la igualdad, de modo que sus grados y posgrados capaciten para el ejercicio profesional con perfil cualificado en los procesos derivados de la violencia de género. Por supuesto, nadie sabe en qué consiste esa cualificación, ni cuáles son esas competencias y destrezas. También es digna de reseñar la pretensión de que todo perfil profesional deba incluir formación al respecto. Pero lo fundamental sigue siendo, a mi juicio, el error de concepto sobre el quehacer universitario: ¿desde cuándo la universidad está para enseñar a nadie a actuar ante un acto injusto? ¿Y además sólo debe hacerlo si la injusticia es contra una mujer? No digo que no lo haga, ni que no sea su deber hacerlo: digo que su objetivo es otro.

5. La RUIGEU reclama el apoyo de los poderes públicos: la dotación económica dispuesta por el Pacto de Estado, y gestionada por las Comunidades Autónomas, debe contener la previsión correspondiente para incluir a las universidades como agentes intervinientes en la lucha contra la violencia de género, dotándoles de los medios materiales y humanos suficientes. […] necesitamos el respaldo institucional y financiero del gobierno de las comunidades autónomas para acometer las políticas de género, ya que, sin dicho respaldo, resulta muy difícil, cuando no inviable, que las universidades, y sus unidades de igualdad, podamos asumirlas. 

Me temo que hemos dado con la auténtica finalidad del Manifiesto: la pasta. Quieren más dinero. ¿Para qué? No lo dicen. Yo no entiendo muy bien la necesidad de un presupuesto específico para atajar la violencia o la injusticia en una universidad. Pero, en cualquier caso, no dicen: quiero dinero para hacer esto, y lo otro y lo de más allá. Sólo dicen: dame dinero, porque mi objetivo es justo. Y eso es hacer trampa.

6. El Manifiesto asume que sólo hay un punto de vista correcto para afrontar la violencia contra las mujeres: la ideología de género. Más aún, entiende que afrontar estos problemas desde otra perspectiva es, no sólo erróneo, sino contraproducente: la ausencia de perspectiva de género en la evaluación de los hechos que fundamentan la violencia de género lleva a la consolidación de falsos presupuestos, otorgando autoridad a quienes niegan la existencia de una violencia sistémica contra las mujeres. Estamos, pues, ante una versión del clásico o conmigo o contra mí. Creo que el batiburrillo mental en la cita anterior es evidente: parece ser que hay unos hechos (¿cuáles?) que fundamentan la violencia, y no verlos desde una determinada perspectiva supone dar la razón a quienes niegan dicha violencia, que de paso resulta ser sistémica… Además, en esto hay otro grave problema: que nadie sabe muy bien en qué consiste exactamente la tan manida ideología de género. 

7. Dejo para el final el disparate más grave, a mi juicio: es ineludible la transversalización de la perspectiva de género en todas las áreas de conocimiento según el grado de intensidad que se requiera en cada una de ellas. 

Me pregunto si la RUIGEU habrá oído hablar del Decreto Orovio, que en 1875 suspendió la libertad de cátedra en España y prohibió –entre otras cosas– cualquier enseñanza contraria a la doctrina católica. Seguro que a la RUIGEU le parecería intolerable que alguien hoy en día pretendiera que en la universidad la doctrina católica fuera una perspectiva transversal en todas las áreas de conocimiento. ¿Y por qué entonces le parece bien si se trata de la ideología de género? Lo inaceptable es pretender que el quehacer científico y académico deba someterse a una ideología, sea ésta la que sea. La presión ideológica sobre la universidad ha existido siempre; pero que ahora sea la propia universidad la que solicite para sí misma un yugo ideológico es el colmo: las ranas pidiendo un rey, los pájaros llamando a los cazadores.

Luchar contra la violencia contra las mujeres es un objetivo loable. Luchar contra cualquier violencia lo es. El problema no está en el objetivo, sino en los medios utilizados. Y los medios propuestos por la RUIGEU (subversión de los objetivos universitarios, sometimiento ideológico) son inaceptables.