martes, 15 de diciembre de 2020

El manifiesto de los escritores contra la Ley Celaá

Después de buscar mucho, por fin he encontrado el texto del manifiesto Escritores con nuestra lengua, en el que cerca de 100 escritores critican con dureza la conocida como Ley Celaá de educación (LOMLOE), básicamente por haber suprimido la referencia al castellano como lengua vehicular. En estas líneas, pretendo señalar algunas de las trampas, tergiversaciones y falsedades que contiene dicho  manifiesto.

Antes de ponerme a la tarea, me gustaría señalar un hecho muy indicativo, a mi juicio, de la inopia intelectual en la que nos movemos y a la que nos conducen. Últimamente se han sucedido los manifiestos, las cartas abiertas, las declaraciones particulares, etc. Los periódicos dan cuenta de todas ellas, las resumen a su manera (inclinando la balanza hacia el lado que les interesa), pero casi nunca ofrecen la posibilidad de leer el texto original. Sin embargo, para mantener activa alguna neurona, lo que necesita el lector no es tragarse la papillita que le ha preparado el periodista de turno, sino acceder a la fuente original y analizarla por sí mismo. Al hurtarnos cada vez más esa posibilidad, los medios de comunicación se revelan como auténticos medios de manipulación.

Vamos con el manifiesto. Enumeraré algunas de sus afirmaciones más graves, y las comentaré seguidamente.

1. La ley Celaá ha sido "aprobada a instancias del independentismo y asumida como propia por el gobierno".

Esta frase es un completo desatino. ¿Primero se aprobó la ley y luego fue asumida como propia por el gobierno que la redactó? ¿O es que no la había redactado el gobierno? Porque sólo faltaba que un gobierno no asumiera como propia una ley que él mismo redacta. Por otra parte, ¿puede el independentismo (vale decir, los independentistas) obligar al congreso a aprobar algo en contra de su voluntad? ¿Quién, si no, ha aprobado esa ley? ¿Y acaso no es el congreso el representante genuino de la soberanía popular? ¿O lo son estos escritores?

2. La Ley Celaá "ha eliminado de su articulado la condición del castellano como idioma oficial y vehicular en todo el Estado".

La condición de idioma oficial del castellano está reconocida en la Constitución. Por tanto, ninguna otra ley puede eliminar esa condición. En otras palabras: lo que ha eliminado esta ley no es la condición, sino su mención. Que no es lo mismo. Los escritores deberían percatarse al vuelo de estas cosas. Y los no escritores, también.

3. El manifiesto concluye un somero repaso al tratamiento de la lengua vehicular de la educación en las últimas décadas afirmando que ahora, con la ley Celaá, "se ha dado un salto cualitativo" (se explica seguidamente que en la erradicación del castellano como lengua vehicular).

Para comprobar que no hay tal salto cualitativo, basta recordar que las leyes de educación españolas, al menos en los últimos 50 años, no han mencionado jamás que el castellano deba ser la lengua vehicular, salvo el paréntesis de 7 años de la ley Wert (2013-2020). No existe, pues, ningún salto cualitativo, sino, todo lo más, una vuelta a la redacción habitual en las décadas anteriores.

4. Esta ley "busca cortar a hachazos el cordón umbilical y los lazos de unión que ensamblan y cimientan el sentimiento de pertenencia a una misma nación".

¿Pero cómo pueden saber estos escritores cuál es el objetivo que persigue alguien cuando escribe algo? Como mucho, podrán decir que eso (lo del cordón umbilical, etc.) es el resultado esperable según ellos de la ley, pero nunca su objetivo oculto y no declarado. ¿En qué trama novelesca creen que viven?

5. Abundando en lo anterior, afirman que la ley expropia a las generaciones futuras el patrimonio del castellano, lo que "no solo privará a esas generaciones de conocer en profundidad la riqueza idiomática del español, sino que las desconectará paulatinamente del resto de compatriotas desde el punto de vista histórico y emocional".

Y todo eso, lo conseguirá esta ley simplemente eliminando la expresión "lengua vehicular". ¡Prodigioso! 

Teniendo en cuenta que, según esta ley, compete al gobierno la ordenación general del sistema educativo, la fijación de las enseñanzas mínimas y la regulación de las condiciones de obtención de los títulos (artículo 6 bis), me da la sensación de que si nuestros futuros muchachos no llegasen a conocer en profundidad la riqueza del idioma de Cervantes (cosa que ahora, al parecer, sí consiguen, según estos escritores), no será porque el gobierno carezca de las competencias oportunas. 

Para que quede aún más claro, la disposición adicional del artículo 89 establece que:

  1. Las administraciones educativas garantizarán el derecho de todos a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. (Esto, añado yo, es un mero recordatorio de lo que establece la constitución y los estatutos de autonomía, de obligado cumplimiento.)
  2. "Al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente".
  3. Las administraciones educativas aplicarán los instrumentos de control y evaluación que consideren oportunos para garantizar que "todo el alumnado alcance la competencia en comunicación lingüística, en lengua castellana y en su caso en las lenguas cooficiales, en el grado requerido", así como "las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas".

Algo parecido se decía también en el artículo 24.8. Por tanto, afirmar que esta ley pretende erradicar el castellano de algún sitio es, sencillamente, falso.

Conste que no estoy diciendo que me parezca inoportuna la mención al castellano como lengua vehicular común en todo el territorio nacional (ni tampoco lo contrario): digo que no hacerlo no acarreará ninguna plaga bíblica, y tampoco responde a un maquiavélico plan secreto para acabar con España.

6. Podría señalar más afirmaciones que merecen comentario, como considerar la LOMLOE como "una obra de ingeniería social, muy grata a todos los regímenes totalitarios", o entender que es el castellano y no el euskera por ejemplo– la lengua que necesita protección, pero creo que ya es suficiente para hacerse una idea de por dónde van los tiros.

En resumen, si éste es el nivel de los intelectuales del país, apaga y vámonos...


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