Cuando se hace pública la penúltima barrabasada de algún gobierno (nacional, autonómico, municipal), una salida habitual del político de turno es reconocer que, en ese asunto concreto, "les ha faltado pedagogía". Normalmente, queda claro que lo que les falta no es pedagogía, sino vergüenza; no obstante, creo que la confusión permite alguna que otra reflexión interesante.
Un político no tiene por qué enseñarnos nada: lo que debe hacer es rendir cuentas. Que un político nos enseñase algo sería un admirable plus añadido a su labor; pero rendir cuentas y explicar adecuadamente su quehacer es su obligación. Al hablarnos de pedagogía, presenta como optativo lo que es de obligado cumplimiento (su parte del contrato suscrito con sus conciudadanos en la urnas), es decir, trata de hacernos trampa.
Este "político pedaggogo" no llega ni a plantearse la corrección de sus propios actos, sino que se lamenta de no habernos colado su versión de los hechos. La verdad queda así supeditada a la intrepretación –normalmente torticera– de los mismos. Esta artimañana recibe últimamente nombres rimbombantes, como "postverdad" o "relato".
Todos sabemos que la verdad –al menos la de las cosas humanas– no es unívoca ni absoluta, todos hemos oído hablar del principio de incertidumbre de Heisemberg (aunque no sé si lo entendemos bien), todos hemos leído alguna que otra sesuda reflexión epistemológica... Pero aquí no estamos haciendo física cuántica, ni tratamos de discernir enrevesadas cuestiones históricas o sociales: se trata de justificar un gasto indebido, una acción incoherente, una decisión sospechosa, etc.
¿Quiere un político enseñar algo a la gente? Explíqueles, y enséñeles con su ejemplo, una doble distinción, del todo evidente, pero que sus colegas y amiguetes se han encargado de dinamitar, a saber:
1. Hay que distinguir entre los hechos y las interpretaciones de dichos esos. Y entre éstas y las opiniones.
2. No todos los hechos son igualmente ciertos, sino que se ordenan en un continuum de certidumbre, con infinitos grados intermedios. Por ejemplo: una inscripción romana bien conservada es un dato muy cierto, puesto que su lectura es prácticamente unívoca; sin embargo una inscripción en alfabeto ibérico es mucho más incierta, puesto que no estamos seguros de saber leer correctamente esos caracteres, y caben por tanto diferentes interpretaciones.
Los historiadores viven enredados en estas cuestiones y aceptan que no existe una única historia para un hecho determinado. El problema suele ser que tanto la elección de los hechos analizados (es imposible que un historiador pueda manejarlos todos) como su jerarquización (en un doble eje de certidumbre e importancia) dependen, en un grado mayor del deseable, del bagaje ideológico del historiador en cuestión. Cuando esta dependencia parece excesivamente grande, cabe incluso sospechar de la honradez del historiador. Pues bien, todo esto se traslada, corregido y aumentado, al ámbito político, donde los políticos –y sus periodistas palmeros– ni pueden ni quieren manejar datos, sino sólo "ganar la batalla del relato". La llamada "memoria histórica" es un buen ejemplo de este proceder tramposo. Y lo lamentabilísimo, una vez más, no es tanto que pretendan engañarnos, sino la suma facilidad con la que lo consiguen. Y así, mientras nos entretenemos con los "relatos", no prestamos atención cuando malgastan nuestro dinero o, directamente, se lo reparten.
